n la edición de este día del periódico “Justicia”, un artículo plantea un debate en torno a la legalización del Sindicato de Campo y Frigoríficos de Puerto Natales, que desde sus orígenes, en los primeros años de ese siglo, se desenvolvía sin tomar en cuenta la legislación sindical vigente.
“Uno de los sindicatos más fuertes se encuentra al margen de las leyes. ¿Qué razón existe para que continúe este estado de cosas? El gobierno actual a nadie persigue y la central máxima ha ordenado que los sindicatos se mantengan dentro de las leyes y con el Gobierno del Frente Popular (…) ha llegado el momento de plantear a los obreros campesinos y de los Frigoríficos la legalización sin demora del Sindicato…” (Revista Impactos N° 81).
La conducción tradicional del sindicato seguía abrevando en las concepciones que se propalaron en la región austral con la conformación de la Federación Obrera Magallánica, imbuida del pensamiento anarquista, que sostenían que “para nosotros los obreros de Natales, que estamos cobijados bajo el estandarte del Sindicato Campo y Frigoríficos, es un honor encontrarnos todos los años con nuestra organización libre, al margen de leyes retardatarias…”.
En tanto que la prédica sostenida por “Justicia” respondía a la conducción local del Partido Comunista, dado que ese medio era su vocero regional. Esta corriente política no podía cobrar fuerza entre las bases de ese sindicato, donde predominaba la militancia del Partido Socialista.
Unos años antes, el intento del sector radical de instalar ese debate en una asamblea obrera derivó en una batalla campal. “Los socialistas –en proporción de 3 a 2- procedieron a despejar de los salones a sus camaradas radicales, a golpes de sillas, botellas y cuanto objeto contundente hubiera a mano. El presidente de mesa y otros dirigentes radicales fueron sacados a viva fuerza de la tribuna y arrojados por puertas y ventanales del espacioso local”.
El debate se reinstaló en varias ocasiones, pero recién en 1965 la orientación mayoritaria del sindicato pasó a considerar la opción planteada y se sometió a la consulta de las bases, en las que intervinieron los trabajadores de las diferentes estancias y frigoríficos, que en votación secreta aceptaron iniciar los trámites para la obtención de la personería jurídica, que finalmente fue concedida por un decreto de junio de 1966.
