l gobierno de Tierra del Fuego avaló ayer el procesamiento judicial de familiares del secretario general de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA Autónoma) Pablo Micheli, dictado el último viernes por el juez de Ushuaia Javier De Gamas Soler en una causa donde se investiga un presunto fraude en la delegación Buenos Aires de la obra social provincial a través del cobro de cheques destinados al pago de prestadores médicos.
“Celebramos que la Justicia avance en el esclarecimiento de hechos de corrupción denunciados por la gestión de la gobernadora Rosana Bertone”, afirmó el ministro jefe de gabinete del gobierno fueguino, Leonardo Gorbacz.
De Gamas Soler dictó el procesamiento por “defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública” de Elizabeth Micheli, hermana del dirigente sindical y jefa de división de la obra social, Marisa Sánchez -consuegra de Elizabeth Micheli- Nadia Margaride -cuñada de Marisa Sánchez y ex responsable de uno de los fondos permanentes de la delegación del organismo- además del agente Alfredo Ríos.
El caso corresponde a una denuncia realizada a fines del año pasado por el presidente del ex Instituto Provincial de Servicios Sociales (IPAUSS) Rubén Bahntje, e involucra el cobro de 9 cheques por $83.150 que fueron cambiados en ventanilla por algunos de los involucrados con autorización de los demás, según indica el pronunciamiento judicial al que accedió EDFM.
El antecedente de la causa es una investigación administrativa que hizo foco en la falta de rendición de los fondos permanentes utilizados para el pago de prestadores, pago a afiliados y caja chica, todos en Capital Federal y durante 2014.
El informe Nº 2051 de la auditoría interna del organismo, fechado el 27 de mayo de 2016, arrojó que algunos de los cheques correspondientes a esos fondos, no habían sido rendidos, y que habrían sido cobrados por los mismos responsables de extender los pagos.
Para intentar verificar esa situación, la Justicia ordenó una pericia contable, de donde surgió que, efectivamente, todos los cheques fueron firmados por algunos de los acusados y cobrados por otros.
Además, la pericia determinó que “no se verificó la existencia de gastos que se correspondan con actividades propias del IPAUSS” y que se hayan cancelado con los cheques sujetos a la investigación.
Los investigadores descubrieron, por ejemplo, que el cheque número 2304296 por $40 mil había sido librado por Sánchez y por Micheli, y cobrado por la propia Sánchez, el 1 de abril de 2014.
Por su parte, el cheque número 2366402, por $16.900, había sido librado por Margaride y cobrado por Sánchez, el 14 de agosto de 2014.
“La maniobra ilegal se realizó en el marco de la delegación Buenos Aires de la obra social estatal, lugar donde los imputados tenían las facultades necesarias para hacerse del dinero líquido producto del cobro irregular de cheques”, afirmó en el fallo el juez De Gamas Soler.
Y agregó que “en el contexto de esa organización delictiva, cada integrante poseía un rol claro, delimitado, y que era tan importante en cada caso que le otorgaba a cada uno el pleno dominio del hecho”.
Los acusados adujeron en el expediente que “era una práctica habitual firmar y entregar cheques a nombre de otros compañeros con el fin de obtener dinero líquido y abonar gastos” que garantizaran el normal funcionamiento de la obra social.
Sin embargo, el juez acreditó que, en el libro de bancos del organismo, los cheques figuraban como pagados a los prestadores, mientras que en la práctica habían sido percibidos por los funcionarios, y que “no se ha podido verificar el destino de los importes no rendidos oportunamente”.
De Gamas Soler le trabó embargo a los imputados por la suma de $103.937, a la vez que dictó la “falta de mérito” de un quinto acusado hasta tanto se realice una pericia que confirme o descarte su participación en los hechos.
“Nada que ver”
El dirigente Pablo Micheli declaró ayer a La Nación que su hermana no tiene "absolutamente nada que ver" con el faltante de dinero, a la vez que adjudicó la denuncia a un “problema con la gobernadora Bertone” porque “la denuncié ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Al respecto, el ministro Gorbacz sostuvo que “los procesados han sido indagados y han ofrecido sus pruebas, con lo que queda claro que hubo un proceso judicial con todas las garantías”, indicó.
“La gobernadora no hace marketing de la lucha contra la corrupción, pero calladita va avanzando en el esclarecimiento de estos hechos, involucre a quien involucre”, aseveró el funcionario fueguino.
