ste día, se llega “a un límite de incumplimiento grotesco y absolutamente inconstitucional”, cuando, “siendo Gobernador Carlos Manfredotti, no se encontraba en Tierra del Fuego, tampoco el Vicegobernador (Daniel Gallo) que es el Presidente de la Legislatura y su reemplazo natural; del mismo modo se ausentaron el Vicepresidente 1° y Vicepresidente 2° del Poder Legislativo” (Adrián G. de Antueno Berisso. Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur).
El artículo 131 de la Constitución Provincial es contundente al respecto, al afirmar que “El Gobernador y el Vicegobernador residirán en la ciudad capital, no podrán ausentarse de la Provincia por más de diez días sin autorización de la Legislatura, y nunca simultáneamente. Durante el receso de la Legislatura sólo podrán ausentarse por motivos urgentes y por el tiempo estrictamente indispensable, dando cuenta inmediatamente a la misma de dicha urgencia”.
La magnitud del crítico momento institucional vivido resultaba más grave aún, porque la “acefalia total alcanzaba a dos Poderes del Estado: el Ejecutivo y el Legislativo y si a ello le agregamos las “jubilaciones anticipadas” de los tres miembros del Tribunal Superior de Justicia, se podría inferir que la debilidad institucional iba de la mano del desentendimiento y abandono de funciones, sin autoridad alguna que pudiera intentar un remedio a tal situación”.
Acompañando a la consumación de este despropósito institucional, Manfredotti había propiciado la jubilación obligatoria de los jueces. Una de las primeras voces que hicieron escuchar su disidencia fue la del entonces fiscal ante el Superior Tribunal de Justicia, doctor Carlos Basanetti. Quien se negó a acatar esa jubilación y consideró que se trataba de una norma “claramente inconstitucional, que generará “un precedente gravísimo”.
También, la Asociación de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial en una solicitada señalaron que la maniobra “provoca en los hechos el desplazamiento de la totalidad de los miembros del Superior Tribunal de Justicia, del fiscal ante dicho órgano, la mayoría de los jueces de la Cámara de Apelaciones de la Provincia, y de un número considerable de magistrados y funcionarios de otras instancias” y además “provocará un severo perjuicio al erario público provincial, pues las vacantes deberán ser cubiertas necesariamente”.
