ste día, la Corte Interamericana de Derechos Humanos decide cerrar la causa por la denegación de acceso a la información pública en torno al proyecto Trillium, tras considerar que el estado chileno dio cumplimiento a todas las observaciones planteadas en la sentencia; destacando especialmente el dictado de una ley sobre acceso a la información estatal.
El caso fue caratulado “Claude Reyes contra el Estado de Chile” y, en septiembre de 2006, tuvo una sentencia de condena a éste último por violar el derecho al acceso a la información pública, contenido en el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
La sentencia ordenó al Estado de Chile a entregar la información solicitada por ciudadanos sobre el proyecto forestal Trillium, la creación de un mecanismo que asegure el derecho de acceso a la información pública y la capacitación a funcionarios estatales para atender las solicitudes de acceso a la información que sean requeridas. La resolución de la Corte generó un precedente emblemático, por ser la primera vez que un tribunal internacional se pronunció sobre este derecho.
El proyecto Trillium tuvo un desarrollo dispar a ambos lados de la cordillera austral. La forestal estadounidense se propuso explotar 250 mil hectáreas de bosque de lenga en la XII° Región y avanzó en el procesamiento a gran escala de la madera nativa.
El proyecto también incluía su instalación en la parte argentina de Tierra del Fuego, donde compró grandes extensiones de tierras, obtuvo concesiones de tierras fiscales, contrató personal y contó con el apoyo oficial para convertir en chips a gran parte de los bosques nativos. La movilización de los fueguinos impidió la consumación de semejante despropósito.
En 1998, diversas organizaciones ambientales y algunos parlamentarios chilenos solicitaron antecedentes para medir el impacto ambiental del proyecto y sus alcances, así como también información relativa a la inversión misma, y los estudios generados con motivo del Proyecto Río Cóndor. La documentación solicitada no fue entregada por el gobierno chileno.
Tras agotar las instancias en el país, sin obtener resultados positivos, recurrieron a la Corte Interamericana, que luego de un extenso análisis condenó al Estado a adoptar "las medidas necesarias para garantizar el acceso a la información" y que, al ser acatadas por el gobierno chileno, derivó en el cierre de la causa.
