as defensas de los seis imputados en el denominado “Escándalo Glisud” realizaron ayer duros alegatos que cuestionaron la actuación fiscal, marcaron falencias de la investigación a lo largo de 15 años y terminaron pidiendo la absolución de sus defendidos en el juicio oral y público que cumplió en la víspera su séptima jornada y que está muy cerca de llegar a un veredicto.
El abogado Francisco Ibarra, en representación del ex administrador del Fondo Residual del Banco de Tierra del Fuego, Gustavo García Casanovas, y del ex secretario de actas del organismo, Néstor Sierra, fue quien inició las exposiciones de los defensores, mientras que en segundo término también habló Diego Estevarena, abogado del presidente de la empresa Glisud SA, Enrique Pinto.
También se escucharon ayer los alegatos de defensa de los restantes tres acusados: los ex apoderados de Glisud Graciela D´adamo y Francisco Grondona, y del también comprador de créditos del Fondo Residual, Eduardo Filosa.
En el caso se investiga una presunta maniobra perpetrada en 2002 entre autoridades del Fondo y miembros de Glisud para favorecer a la firma constituida unos meses antes por dos ancianas indigentes, y con la actuación de escribanos destituidos por fabricar empresas fantasmas (entre otros antecedentes) en la adjudicación de créditos hipotecarios que estaban en poder del organismo donde fueron a parar los préstamos llamados incobrables del Banco de la Provincia.
El juicio gira en torno a dos grandes acusaciones: por un lado la utilización de los bonos de la deuda pública, declarados en default, con que Glisud ofertó y ganó los derechos sobre tres créditos, el 30 de diciembre de 2002. Y, por otra parte, la constatación de que la oferta realizada por la apoderada D´adamo en el concurso, era falsa en su firma y número de documento, y que de acuerdo a pericias podría haberse confeccionado en las oficinas del propio Fondo Residual.
Sin embargo, el defensor Ibarra planteó ayer que García Casanovas “solo cumplió con lo establecido en la ley vigente y en el pliego del concurso”.
Dijo que “cuatro meses antes” del concurso, la Legislatura aprobó la ley 551 que autorizaba expresamente al Fondo Residual a “enajenar” su cartera crediticia, y a recibir en esas operaciones títulos públicos “a valor técnico”.
Desde ese punto de vista, reafirmó que el Fondo dirigido por García Casanovas llamó al concurso “previos dictámenes de la Secretaría Legal y Técnica”, y adjudicó los préstamos a la “oferta más conveniente” porque con los 1,1 millones de bonos de Glisud se podía cancelar ese mismo importe de deuda ante el Gobierno.
Ibarra negó que los deudores no hayan sido notificados de su condición, y que Glisud no haya realizado un depósito en garantía de la oferta (dijo que lo hizo antes de la adjudicación). Y también explicó que con esos títulos se “canceló el 100%” de las deudas de los acreedores del Fondo involucrados en el concurso.
En esa línea, criticó con dureza la actuación del posterior administrador del Fondo, Javier Da Fonseca, a quien acusó de haber anulado la adjudicación a Glisud y haberle adjudicado los créditos al abogado Miguel Criado Arrieta, que había ofertado 600 mil pesos en efectivo.
“Quiere decir por esos mismos créditos se pagaron dos veces: con los bonos de Glisud y con la oferta de Criado Arrieta”, aseveró el letrado, y le reclamó al fiscal no haber investigado si eso no constituía un delito, como también la decisión adoptada por la gestión de la ex gobernadora Fabiana Ríos de “no aceptar la transferencia de los títulos al IPAUSS a su valor técnico”.
Ibarra también cuestionó que la fiscalía mantuvo la acusación de defraudación aun cuando admitió que no existe un “perjuicio económico concreto”, y que en cambio introdujo la figura de un “perjuicio potencial” por los juicios derivados del caso que aún están en trámite.
“¿Pasaron 15 años y usted nos habla de un perjuicio a futuro?”, sostuvo el abogado dirigiéndose al fiscal Eduardo Urquiza.
Sobre la falsificación de la oferta, Ibarra hizo hincapié en que sus defendidos nunca fueron indagados por ese delito, y que, en todo caso “no existe ninguna prueba de que los autores de esa falsificación puedan ser Sierra o García Casanovas”.
Por su parte Estevarena puntualizó que en el caso de Pinto, “no existe ninguna evidencia que lo sitúe en el lugar de los hechos”, y enumeró que no aparece en el expediente del Fondo Residual ni tampoco efectuó la oferta de los créditos, la que “fue realizada por la apoderada D´adamo a título personal”.
“Pinto fue interesado en un negocio por una persona de confianza que era su contadora, de quien no tenía por qué sospechar. Él no hizo ninguna oferta y tampoco lo hizo Glisud. Solo pagó los bonos y luego otro apoderado (Grondona) suscribió la escritura a su pedido”, relató el abogado.
Estevarena también dedicó una parte del alegato a afirmar que a Pinto “se lo presentó públicamente como si fuera Al Capone”, y describió que Glisud “no es ninguna empresa fantasma, sino que se dedicó a la cría de ganado bovino” y tampoco “tuvo como sede un prostíbulo”.
Según su defensor, Pinto se enfrentó “a la suma del poder público” y fue víctima de un “linchamiento mediático”.
Dijo que intereses políticos intervinieron “para desestabilizar la causa, a través del testigo Víctor Tela, que aportó información que intercambiaba con funcionarios de esa época, fiscales y periodistas”, aseguró.
Tras los alegatos de las defensas, los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal de Ushuaia pasaron a un cuarto intermedio hasta mañana en que se escucharán las últimas palabras de los acusados y luego se dará a conocer el veredicto.
