pedido de los Legisladores Marcela Gómez, Angelina Carrasco, Ricardo Romano y Ricardo Furlan, del bloque FPV-PJ, y Oscar Rubinos, de la bancada UCR-Cambiemos, el Parlamento sesionará este viernes para abordar la adhesión a la ley nacional de Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal y Buenas prácticas de Gobierno.
La sesión especial fue convocada para las 9, en el recinto de sesiones.
En el mensaje de elevación del proyecto presentado el pasado viernes 8, se recuerda que en el Consenso Fiscal las provincias y el Estado nacional se comprometieron a “aprobar el proyecto de modificación de la Ley de Responsabilidad Fiscal y Buenas Prácticas de Gobierno y adherir a ese régimen y sus modificaciones antes del 30 de junio de 2018”.
Se indica que “el proyecto que se pone a consideración propone mantener los preceptos esenciales marcados” en el Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal y sus modificatorias “tanto en el ámbito de la técnica de elaboración y ejecución del presupuesto, como en el de coordinación a través del Consejo Provincial de Responsabilidad Fiscal. Ello atento a que la sostenibilidad es una condición necesaria para las políticas públicas saludables, dado que los efectos de los desequilibrios fiscales inciden en el planeamiento y ejecución de las mismas”.
Es de tener en cuenta que la adhesión propuesta se formula con reserva de los dispuesto en el artículo 21 de la ley nacional, en razón de lo establecido en al artículo 70 de la Constitución de la Provincia.
El referido artículo determina que “los Gobiernos Provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tomarán las medidas necesarias para que el nivel de endeudamiento de sus jurisdicciones sea tal que en ningún ejercicio fiscal los servicios de la deuda instrumentada superen 15% de los recursos corrientes netos de transferencias por coparticipación a municipios” , en tanto que, en su parte pertinente, la Constitución fueguina establece que “en ningún caso la totalidad de los empréstitos adquiridos o títulos públicos emitidos, comprometerán más del 25% de los recursos ordinarios del Estado Provincial”.
La adhesión a la ley implica que el Gobierno provincial invite adherir a la misma a sus Municipios.
Prevé también que para aquellas jurisdicciones que “en el año previo presenten ejecuciones presupuestarias con resultado corriente primario deficitario la tasa nominal de aumento del gasto público primario neto no podrá superar la tasa de incremento del índice de precios al consumidor de cobertura nacional”. Además se comprometen “a no incrementar la relación de cargos ocupados en el Sector Público (en planta permanente, temporaria y contratada) existente al 31 de diciembre de 2017, respecto a la población proyectada por el INDEC para cada jurisdicción”; a adoptar políticas tributarias “tendientes a armonizar y no aumentar la presión impositiva legal, especialmente en aquellos gravámenes aplicados sobre el trabajo, la producción, el sector productivo y su financiamiento, con la finalidad común de lograr el crecimiento de la economía nacional y las economías regionales, en la medida que dichas decisiones no impliquen comprometer la sostenibilidad de las finanzas públicas”.
La norma nacional contempla la aplicación de sanciones por incumplimiento de las obligaciones establecidas; entre las que figuran la “limitación en el otorgamiento de avales y garantías por parte del Gobierno nacional”; la “limitación de las transferencias presupuestarias del Gobierno nacional con destino a las jurisdicciones que no sean originadas en impuestos nacionales coparticipables de transferencia automática” y la “restricción del derecho a voto en el Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal”.
