as compras secretas realizadas por la Secretaría de Seguridad de la Provincia fueron puestas ayer a consideración de los legisladores que integran la comisión de Justicia y Seguridad.
En el marco de la reunión de carácter reservado, desde el Ejecutivo se hizo entregó de las copias de los expedientes en cuestión.
Las opiniones de quienes participaron del encuentro no fueron coincidentes.
El secretario de Seguridad, Javier Eposto, en declaración difundidas desde el Ejecutivo indicó que durante la presentación expuso los logros alcanzados en materia de seguridad gracias al equipamiento incorporado. Asimismo, exhibió fotografías y explicó las características de cada uno de los elementos con los que ahora cuenta la Policía provincial.
El funcionario defendió las compras efectuadas. “Eran necesarias, legales y reservadas porque la Policía provincial las necesita para combatir el delito” dijo y aseguró que “a partir de la incorporación de los nuevos equipamientos mejoró notablemente la eficacia policial. Hemos disminuido en más de un 60% el robo con armas, en un 40% la tentativa de hurto y en un 16% la cantidad de flagrancias. Estamos combatiendo el narcotráfico como nunca antes y en conjunto, con todas las fuerzas tirando para el mismo lado, ya sacamos 280 kilos de droga de la calle en estos meses”.
Eposto recordó que esas “compras se realizaron en cumplimiento de la ley 1015 de Compras y Contrataciones vigente, que estipula que cuando se requiere adquirir material sensible para la seguridad, se lo realice de forma secreta. Eso no implica que no haya controles, ni un proceso transparente. Por eso, todas las actuaciones fueron debidamente giradas a la Auditoría Interna y al Tribunal de Cuentas para su monitoreo y evaluación”.
Sólo tres compras estarían justificadas
Una opinión distinta a la del Secretario de Seguridad fue la manifestada por el legislador Pablo Villegas.
El parlamentario del MPF, que impulso una acción judicial para poder acceder a los expedientes en cuestión, mencionó que de la primera lectura realizada de los expedientes surge, a su entender, que solo “tres compras de material tecnológico muy específicos” estarían debidamente encuadradas bajo la figura de compra secreta, en tanto que las restantes no “ya que se ha adquirido, por ejemplo, equipamiento informático de uso habitual, camionetas o escudos antimotines”.
Agregó a esto que el dato más llamativo es que “
para cada compra hubo un solo oferente, y tal circunstancia no puedo ser explicada por los funcionarios”.
Villegas afirmó además que ya con los expedientes en mano pudo confirmar que tres de ellos están refoliados, lo que desde su perspectiva demuestra que fueron “armados”.
Por el lado del oficialismo, el legislador Furlan señaló que a su entender la tramitación de las compras no merece cuestionamiento alguno por cuanto no han sido objetadas por el Tribunal de Cuentas. A diferencia de Villegas sostuvo que la mayoría del equipamiento adquirido es de carácter específico, salvo en el caso de la compra de vehículos.
En tanto, el radical Pablo Blanco refirió que antes de formular apreciaciones públicas sobre el tema quiere analizar con detenimiento los expedientes en cuestión.
