a Unidad de Atención Integral (UDAI) de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) en la ciudad de Ushuaia pidió ser tenida como parte en el recurso de amparo presentado por una empleada gastronómica contra el decreto que recorta las asignaciones familiares en la región patagónica.
Así lo confirmó ayer a EDFM el abogado Marcelo Álvarez, patrocinante de Mariana Marianucci, la trabajadora que inició la causa el pasado 31 de julio con el apoyo de la Unión de Trabajadores Hoteleros y Gastronómicos seccional Tierra del Fuego (UTHGRA) y del propio gobierno de la provincia.
Álvarez anticipó que desde la parte demandante se opusieron a la incorporación de la ANSES local al expediente, al considerar que se trata de una maniobra “dilatoria”.
El juez Federal de Ushuaia, Federico Calvete (que interviene en la causa) “nos pidió que nos expresáramos acerca de la pretensión de la ANSES Ushuaia y nosotros nos opusimos”, ratificó el abogado.
En ese sentido, argumentó que la aceptación del organismo como parte resulta “dilatoria” porque “la ANSES no es la repartición pública que emitió el acto que se está atacando, o sea que no tiene nada que hacer en este proceso”, indicó en referencia al decreto nacional 702/18 que estableció los recortes en las asignaciones.
Por otra parte, el letrado explicó que la amparista también contestó la vista que le corrió el juez, referida al nuevo decreto dictado por el Ejecutivo Nacional que suspendió por 30 días la vigencia del decreto 702, inicialmente previsto para entrar en vigencia desde el 1 de septiembre.
Al respecto, Álvarez advirtió que “el ataque a los derechos constitucionales que reposan en cabeza del menor (se refiere al hijo de la trabajadora demandante, por quien se cobra la asignación familiar) deja de ser actual para ser inminente, que es un supuesto previsto en el artículo 43 de la Constitución Nacional”.
Es decir que a pesar de la suspensión de 30 días, el amparo “debe proseguir su trámite normal y el juez tiene que solicitar a la contraparte el informe previo al dictado de un fallo”, evaluó el abogado de la empleada gastronómica. Y agregó: “la situación actual es que se suspendió la vigencia del decreto, pero no se produjo su anulación o su derogación definitiva”.
En otro orden, el letrado contó que el juez Calvete ya le dio intervención en el expediente a un asesor de menores, como es de rigor en este tipo de casos para evitar, incluso, eventuales planteos de nulidad.
“Le dieron intervención al asesor como ocurre en todo proceso donde está en juego el interés de un menor. En el ámbito local esa función la cumple el Ministerio Pupilar y en el ámbito nacional le corresponde a un asesor de menores. Sé que ya hubo un dictamen pero todavía no tuve acceso a su contenido. Estamos a la espera de lo que resuelva el juez en cada una de estas situaciones y, por supuesto, en relación al planteo de fondo”, relató el abogado.
“Iguala para abajo”
El amparo de Marianucci, avalado por el secretario general de UTHGRA Seccional Tierra del Fuego, Ramón Calderón y por el secretario de Derechos Humanos de la Provincia, Sergio Mingrino, argumenta que el decreto nacional “iguala para abajo las asignaciones, eliminando el diferencial que veníamos percibiendo los trabajadores de la Patagonia”.
La demanda menciona que “el decreto que venimos a impugnar representa un recorte en nuestro salario real. Un decreto que fue la vía elegida para consumar una violación de nuestros derechos”.
Hasta el momento, el único funcionario judicial que se expresó sobre los motivos del amparo es el fiscal Federal de Ushuaia, Juan Arturo Soria, quien ya emitió un dictamen favorable al requerimiento de la trabajadora.
Soria opinó el amparo resulta “admisible”, a la vez que se pronunció por la inconstitucionalidad del decreto, y por el dictado de la medida cautelar requerida también por la empleada.
Al analizar la admisibilidad del amparo, Soria valoró que “se verifica conforme al dictado del decreto cuestionado (Nº702/18) un menoscabo de la escala salarial y, por consiguiente se afecta la seguridad social de las personas que habitan esta zona con la disminución de sus ingresos sin un tratamiento y análisis legislativo que tome en cuenta un estado de emergencia en la materia”.
En esa línea, el fiscal agregó que el decreto se basa en la “adopción de un criterio uniforme” que soslaya la contemplación de los coeficientes zonales de una ley vigente (la Nº24714).
Es por eso que el dictamen admite una “contradicción con una norma de jerarquía superior”, y postula que “el orden jerárquico normativo de controla mediante el remedio que es la declaración de inconstitucionalidad”.
“La aplicación del decreto cuestionado con los parámetros establecidos traerá aparejado un deterioro de los derechos existentes en materia de la seguridad social, por lo que considero que la acción de amparo impetrada es admisible”, aseguró Soria en su pronunciamiento.
Además de la acción promovida por la trabajadora gastronómica, el intendente de Río Grande, Gustavo Melella, anunció la semana pasada la presentación de un amparo colectivo por el mismo tema del recorte a las asignaciones, en una iniciativa que recibió el respaldo de distintos sectores sociales.
