l secretario general de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) Carlos Córdoba será indagado por la Justicia penal de Ushuaia el próximo jueves a las 10 de la mañana como sospechoso de participar del denominado “escándalo de las viviendas futuras”, donde se investiga una maniobra mediante la que se habrían vendido viviendas de un plan social a personas ajenas al sindicato estatal.
El juez de instrucción Javier De Gamas Soler indagará también en fechas posteriores a otros nueve sospechosos, entre ellos Miguel Ángel Arana, ex titular de la comisión de viviendas de ATE que actuaba junto a Daniel Belbey, quien se quitó la vida el pasado 1 de junio, luego de que el caso se hiciera público.
Además prestarán declaración como imputados la pareja de Arana, Gisela Edith Escobar, ex empleada de ATE, acusada de presunto lavado de dinero ante la presunción de que habría utilizado parte del dinero ilícito recaudado de la venta de las viviendas para la compra de máquinas viales, y Martín Ezequiel Arana (hijo de Miguel) a nombre de quien se habrían transferido vehículos adquiridos con dinero de la misma maniobra.
Otras seis personas, incluido el dueño de una inmobiliaria y un agente inmobiliario y allegados a los dirigentes de ATE, serán indagados por la Justicia entre septiembre y octubre.
El fiscal Nicolás Arias explicó en una ampliación del requerimiento de instrucción, que el caso involucra a la operatoria de construcción de 128 viviendas sociales en la zona de Barrancas del Río Pipo.
Las casas fueron edificadas por el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) con fondos del programa nacional “Techo Digno”, en terrenos cedidos por la Municipalidad, y estaba destinadas íntegramente a afiliados a ATE.
Tanto es así que para acceder al listado de posibles beneficiarios hacía falta ser empleado del Estado provincial, estar afiliado a ATE, tener como mínimo dos años de residencia en la provincia, no poseer otras propiedades inmuebles en el país y no haber accedido en el pasado a otra solución habitacional del IPV.
El gremio realizó un sorteo público de los 128 beneficiados en 2011, pero como el IPV rechazó luego parte de ese listado (unos 50 casos) por no cumplir con los requisitos, los gremialistas debían sustituir esos nombres por otros, y fue allí donde se habría pergeñado la maniobra consistente en venderles esos lugares a personas ajenas al sindicato.
El fiscal Arias les adjudicó participación en ese hecho a Córdoba, Arana, Belbey (fallecido) Francisco Freire Acosta y Hugo Fabián Aguirre (relacionados con la inmobiliaria Proyectos Inmobiliarios) Leandro Santillán Mulvihill, Omar Alberto Calquín y Lilian Galli (vinculados con los directivos de ATE).
A todos ellos les imputó haber defraudado a las personas que pusieron dinero creyendo que estaban adquiriendo una vivienda. En total, esa defraudación está cuantificada en casi $10 millones, compuestos por $8.145.000 y 52 mil dólares.
El listado de damnificados que figuran en la causa judicial incluye a las siguientes personas y detalles:
–Lorena Elizabeth Maldonado, quien fuera perjudicada patrimonialmente en $700.000. Transfirió una camioneta por $320.000 y pagó cuotas de $20.000 hasta completar $380.000. El vehículo fue transferido a Martín Arana, en tanto que las sumas de dinero se entregaron periódicamente a Miguel Ángel Arana, entre los meses de junio de 2016 y junio de 2017. Leandro Santillan Mulvihill habría actuado como intermediario de la operación.
–Gabriela Albina Sandoval y su pareja, Enrique Javier Dillón, quienes fueran perjudicados patrimonialmente en $600.000. La suma fue entregada a Francisco Freire Acosta, titular de la firma Proyectos Inmobiliarios S.R.L., entre los meses de septiembre a diciembre de 2016.
–Hernán Emiliano Arguello Bariffuza, y Gerardo Arguello (su padre), quienes fueran perjudicados patrimonialmente en la suma de U$S 20.000 y $326.000. Las sumas podrían haber sido entregadas a Miguel Ángel Arana y a Daniel Alberto Belbey a mediados de 2016.
–Lucía Guerrero, quien fuera perjudicada patrimonialmente en la suma de $800.000, entregados el 16 de septiembre de 2016 a Miguel Ángel Arana.
–Daniela Patricia Rodríguez Castelli, y Germán César Ausili, (cónyuges), quienes fueran perjudicados patrimonialmente en la suma de $ 364.400, entregados a Silvia Báez, con la intermediación de Miguel Ángel Arana en el domicilio de los damnificados en el año 2014.
–Horacio Héctor Wallner, y/o Nadia Soledad Batalla Wallner, (padre e hija), quienes fueran perjudicados patrimonialmente en la suma de $600.000 mediante la entrega de 12 cheques a Miguel Ángel Arana en el mes de octubre de 2017, y “luego de la intermediación de Hugo Fabián Aguirre, empleado de la Inmobiliaria “Proyectos Inmobiliarios S.R.L.”
–Clementina Zulma Arias y Nayla Joela Arias (madre e hija), quienes fueran perjudicadas patrimonialmente en la suma de $250.000, entregados a Miguel Ángel Arana, durante el año 2014.
–Gonzalo Rodrigo González Mariani, quien fuera perjudicado patrimonialmente en la suma de pesos $650.000 entregados al imputado Arana, en el mes de mayo de 2017.
–Daniela Soledad Tapponier, quien fuera perjudicada patrimonialmente en la suma de $280.000 que integró mediante la cesión de un vehículo Ford Ka en agosto de 2017, $40.000 y 15.000 dólares, todo ello entregado al imputado Miguel Ángel Arana.
–Valeria Anabel Sánchez, quien fuera perjudicada patrimonialmente en la suma de $540.000 entregados a Miguel Ángel Arana con la intermediación inicial de Leandro Santillan Mulvihill, y habiendo dialogado la damnificada con Carlos Córdoba, quien “la alentó a materializar la entrega dineraria en los términos: “si si, dale para adelante”.
–Ricardo Javier Calquín, quien resultó perjudicado patrimonialmente en la suma de $450.000 integrados mediante la entrega de una camioneta “Mercedes Benz Sprinter”, y $30.000 en el mes de octubre de 2016 a Miguel Ángel Arana.
–Sergio Darío Cornejo, quien resultara perjudicado patrimonialmente en la suma de $150.000 que fueran entregados a Miguel Ángel Arana en dos ocasiones en el transcurso del mes de enero de 2014, en su domicilio y en un estacionamiento.
–Rosa Susana Corvino, quien resultara perjudicada patrimonialmente en la suma de $70.000 y siete mil dólares que fueran entregados en el mes de noviembre de 2015 a Miguel Ángel Arana.
–Analía Viviana Coria, quien fuera perjudicada patrimonialmente en la suma de $600.000, que le fueran entregados a una persona de nombre Hugo (presuntamente Hugo Fabián Aguirre), por cuenta de su pareja Mario Sartini, durante el año 2016.
–Mariel Beatriz Calquín, quien fuera perjudicada patrimonialmente mediante la suma de $500.000 integrados mediante la entrega de un vehículo “Toyota RAV 4” que fuera entregado a Miguel Ángel Arana, y la suma de $150.000 entregados a su hermano Omar Calquín (quien ofició como intermediario entre su hermana y el imputado Arana), en el mes de abril de 2017.
–David Floridor Castro, quien resultara perjudicado patrimonialmente en la suma de $600.000 integrados mediante la entrega de un vehículo “Peugeot 408”, y la entrega de $150.000 y diez mil dólares. Dijo que le entregó “cheques y dinero en efectivo a una persona de apellido Aguirre, quien además confeccionó los papeles para transferir el vehículo a nombre de Miguel Ángel Arana”, en junio de 2017.
–Mauro Davobe, quien resultara perjudicado patrimonialmente en la suma de $530.000. Asimismo y “con la intermediación de Omar Calquín, le hizo entrega a éste de una moto “Honda Rally 300 cc”, por un valor aproximado de $80.000 y de $530.000 en diferentes formas de pago, todo en enero de 2017 y meses posteriores.
“No me trajiste verdes”
Según la acusación promovida por el fiscal Arias, Carlos Córdoba recibió al menos dos reclamos por cuenta de las personas damnificadas, “por lo que no podía desconocer la maniobra cuya cara visible resultaba Arana”.
Además, según declaró en la causa, la directora general del IPV, Marta Susana Benítez, luego del rechazo de siete postulantes que no resultaban afiliados, Córdoba “insistió respecto a la incorporación de los mismos a los listados de aspirantes, aún sin encontrarse afiliados al gremio. Dicha gestión fue realizada por Córdoba en compañía de Lilian Galli en al menos dos oportunidades”, coincidiendo con la nota presentada por Córdoba al ministro de Gobierno solicitando la inclusión de personas ajenas al gremio. Esa nota fue hallada en las oficinas de ATE.
Además, el fiscal cita como evidencia un audio entre Córdoba y Belbey, donde el gremialista afirma que “no me trajiste verdes” en “relación a la entrega de moneda extranjera por el supuesto pago para acceder a los listados de una persona desconocida”.
“Si bien estas circunstancias permiten considerar la intervención de Córdoba en las maniobras defraudatorias descriptas, debe considerarse además que, por su condición de Secretario General de ATE y por tener a cargo el manejo de la administración de tales viviendas para adjudicar entre sus afiliados, quebrantó la confianza de los mismos al intentar procurar para terceros aquellas, perjudicándolos patrimonialmente. Los intereses pecuniarios reconocidos en la expectativa de los afiliados de ATE de ser adjudicatarios de una vivienda co-financiada por el Gobierno Nacional se vio frustrada con la incorporación de terceros ajenos al gremio en los listados presentados ante el IPV por las autoridades de ATE, entre ellos el propio Córdoba”, afirma el requerimiento fiscal.
Los demás imputados
Por su parte, Miguel Ángel Arana fue señalado por la Fiscalía como el sujeto que “se presentaba al cobro de las sumas de dinero entregadas por los damnificados, ya sea a través de pagos parciales o de una suma única, y a cuyo nombre se transfirieron todos los vehículos entregados como parte de pago”.
Por otro lado, Francisco Freire Acosta habría “ofrecido algunas de las viviendas sociales en cuestión (destinadas a trabajadores de ATE.) utilizando su agencia inmobiliaria “Proyectos Inmobiliarios S.R.L.”, recibiendo sumas de dinero. Y en cuanto a Hugo Fabián Aguirre, en su calidad de agente inmobiliario, “es dable pensar que conocía la situación de las viviendas y aun así habría intermediado para su venta y recibido dinero”, presume el fiscal Arias.
En relación a Leandro Santillan Mulvihill y Omar Alberto Calquín, considera que “intermediaron en numerosas oportunidades acercando a los interesados a la persona de Arana e incluso habrían recibido pagos o bienes en su representación, brindando información a los interesados, indicando a nombre de quien se debían transferir los vehículos –en el caso de Calquín recibió la moto transferida a Arana (hijo) y sumas de dinero - , y como era en general la mecánica de la operación para la posible adquisición del inmueble posterior al pago”.
Y en cuanto a Lilian Galli, el fiscal Arias sostiene que “no se puede descartar su activa participación en las gestiones para que se concrete la estafa”.
Lavado de dinero
El requerimiento fiscal también solicitó investigar por presunto lavado de activos a Arana y a su pareja, Gisela Edith Escobar, quienes habrían adquirido bienes (entre ellos máquinas viales) con parte del dinero de la defraudación de las viviendas.
Según pruebas ya agregadas al expediente, de forma directa o a través de las firmas “Gi. Mi.” o “G & M”, la pareja compró:
-El 14 de febrero de 2017 una máquina retroexcavadora marca Liugong por $1.240.000.
-En el mes de abril de 2017, un equipo autoelevador marca Liugong por $408.000.
-En el mes de mayo de 2017, una máquina retroexcavadora por $1.398.000.
-En fecha a determinar, un camión “Ford Cargo 1722” por $630.000.
-En fecha 4 de enero de 2018, una máquina retroexcavadora usada “John Deere 310 SK 4x4” por 72.000 dólares.
-En fecha 28 de enero del año 2018, una máquina retroexcavadora usada “John Deere 310 SK, 4x4” por 93.500 dólares.
-En fecha 14 de marzo de 2018, una máquina retroexcavadora usada marca “John Deere” modelo “310 SK, 4x4” por 82.000 dólares.
Según el fiscal, para estas operatorias se utilizaron cheques a nombre de Enrique Moscozo Panozo, quien a su vez tiene un contrato de comodato de algunas de las máquinas.
Además, Arias solicitó investigar a Arana por la presunta incompatibilidad consistente en alquilarle máquinas al Municipio siendo a su vez empleado municipal.
Cronograma de indagatorias
El cronograma de citaciones a prestar declaración indagatoria comenzará el jueves con la presentación de Córdoba, pero continuará con Galli el 11 de septiembre y con Panozo el 13 de septiembre.
A su vez, el martes 18 declarará Freire Acosta, y Aguirre el viernes 28.
Santillán Mulvihill fue citado para el martes 2 de octubre, Calquín para el viernes 5, Martín Arana para el jueves 11 y Gisela Escobar para el martes 16.
Por último, Miguel Arana, el principal sospechoso, fue convocado para el jueves 18 de octubre a las 10 de la mañana.
