a política de la administración de Gustavo Melella de esconder los desagües cloacales de Río Grande bajo la alfombra llegó a su fin. Todas las muestras de laboratorio realizadas reflejan el insuficiente tratamiento de las cloacas de la ciudad, con especial concentración en la zona industrial y en el grotesco caño negro ubicado a pocos metros de un establecimiento educativo en la Margen Sur.
La ciudad cuenta con una sola planta sanitaria que descarga su producción hacia un emisario submarino, varias veces dañado por la falta de inversiones y mantenimiento.
Para tener en cuenta una referencia paradigmática de nuestro país sobre la cuestión de los desagües cloacales, un reciente informe del organismo creado para realizar el saneamiento del Riachuelo señaló que la principal variable de contaminación de dicha cuenca era por la falta de tratamiento de los efluentes cloacales, incluso por encima de los impactos generados por los derrames de cromo y otras sustancias pesadas.
Como en el caso del Riachuelo, en Río Grande también hablamos de un problema característico de las gestiones que asignan fondos cosméticos a las obras estratégicas, con el afán de generar un efecto marketinero y superficial, fáciles de mostrar -ya que se inauguran en lugares céntricos y visibles- pero que lejos están de brindar una solución definitiva a los efectos nocivos de la contaminación.
Las verdaderas inversiones sanitarias, las obras que son la llave para resolver esta clase de problemas, son aquellas que se realizan en las periferias de las ciudades, las cuales demandan decisión política, no marketing político.
Potabilizar agua y tratar correctamente las cloacas son dos de las principales estrategias para mejorar la salud pública de una comunidad. La falta de su tratamiento se detecta por la presencia de microorganismos fecales, que se concentran en valores muy por encima de los máximos permitidos.
En Tierra del Fuego los máximos contemplados son 5000 N.M.P/100 ml en espejos de agua dulce y 20.000 N.M.P/100 unidades en agua de mar o salada. En Río Grande, con valores que están muy por encima de esta referencia y con su consecuente contaminación ambiental y riesgo directo para la salud de la población, están tirando entre 4.500.000 y 9.000.000 unidades respectivamente.
De la mano de estos datos se encuentran las enfermedades más habituales por la falta de tratamiento cloacal, tales como las infecciones urinarias y gastrointestinales.
Pese a todos los esfuerzos realizados por la Intendencia para ocultar el problema esta situación queda una vez más en evidencia. Por ello, instalar el mito de ser gobierno de una ciudad saludable se da contra la pared de las pruebas de laboratorio que certifican que Río Grande se encuentra intensamente contaminada.
Ante este estado de situación la respuesta ideada es negar la crisis ambiental, colocar el problema fuera de su órbita, desacreditar los resultados que no son favorables a una gestión que presume de ser de excelencia.
Pero así como no se puede tapar el sol con la mano resulta imposible denunciar algún tipo de intencionalidad política cuando los resultados surgen de rigurosos análisis de laboratorio.
Estos resultados actualizan una situación de crisis cloacal de la ciudad gobernada por el intendente Gustavo Melella que en realidad es el resultado de una década pérdida.
En 2008 comenzó a delinearse una acción judicial iniciada por la Asociación de Consumidores y Usuarios de Tierra del Fuego, que en febrero del 2009 produjo una condena judicial por parte de la jueza Silvia Herraez.
Durante la tramitación de la causa se acreditó la presencia de contaminantes y la falta de inversión y planificación para evitar que esto suceda. En el fallo se señala que “el estuario presenta claros indicios de degradación por contaminación del agua y afectación de una importante superficie de humedales, cuyo mayor impacto proviene de residuos sólidos depositados en proximidades de las márgenes y de las descargas puntuales de aguas residuales sin tratamiento al río y al sistema de colectores pluviales y arrastrados por las lluvias y/o al sistema de drenajes a cielo abierto existentes en la ciudad”.
El 1ro. de septiembre la ejecución de la sentencia cumplió ocho años con una absoluta indiferencia por parte del Municipio de Río Grande, en un escenario de contaminación que en la actualidad es igual o peor, ya que la población de la ciudad continuó aumentando mientras su infraestructura sanitaria se mantuvo en un lugar olvidado de la gestión de Gustavo Melella.
Desarrollar una política ambiental es entender que se está frente a un sistema complejo y frágil a la vez. Lo mismo para con las políticas de salud pública. Por esto mismo, instalar la imagen de un “Municipio Saludable”, sin la existencia de presupuestos mínimos en cuanto a inversiones en infraestructura sanitaria, es tomarle el pelo a los miles de riograndenses que padecen las consecuencias de esta falta de trabajo y compromiso del Intendente.
En torno a esta realidad palpable, preciarse a sí mismos como eficientes gestores de políticas saludables al mismo tiempo que tiran las cloacas con nulo tratamiento en numerosos puntos de la ciudad no solo es negar el problema sino subestimar la inteligencia de los ciudadanos de Río Grande.
En el Municipio reaccionan mal cuando les muestran las pruebas de su desidia e impericia. Se aferran a instalar la imagen de víctimas de una persecución y deslindan responsabilidad. Nada de hacerse cargo, todo por la apariencia.
Como se aprecia este no es un tema nuevo ni desconocido. Es un problema de vieja data que, como señalamos, mereció una condena judicial hace ya ocho años.
Con estos antecedentes es muy ilustrativo analizar dos recientes decisiones de la Intendencia: la primera de ellas suspender la factibilidad de agua y cloacas a tres obras que generarán 300 nuevas viviendas. La segunda, en idéntico sentido, suspender la factibilidad para la realización de infraestructura de agua y cloacas para nuevas obras en la Margen Sur de Río Grande.
En ambos casos, justificaron su decisión de frenar los permisos hasta ver el resultado del sumario iniciado por el Gobierno por la contaminación por cloacas crudas.
La gestión Melella tenía un amplio abanico de opciones para reaccionar. Sin embargo, eligió el ya transitado rol de victimización al que le sumó la modalidad extorsiva de condicionar el otorgamiento de permisos de obra a lo que se resuelva en una actuación sustentada en la necesidad de velar por la salud pública y el ambiente de vecinos y la ciudad de Río Grande.
Cultores de la posverdad los funcionarios municipales creen que esto es un ataque o una jugada política, sin considerar que los resultados de los análisis de agua efectuados en los laboratorios no distorsionan la realidad, sino que la ratifican científicamente.
En Río Grande no hay ninguna campaña sucia a la vista. Lo único qué hay a la vista es el resultado de una política municipal que no ha invertido lo suficiente en infraestructura sanitaria en los últimos años. Lo único realmente sucio en la gestión de Gustavo Melella es el desinterés por ocuparse seriamente de este asunto y la insensibilidad por cada uno de los vecinos de la ciudad que padecen los efectos de una contaminación que, lejos de reducirse, crece cada día más.
