n su primera incursión, las abogadas de la Defensoría de la Municipalidad de Río Grande protagonizaron un papelón, al haber tenido que revisar y reconsiderar la graduación penal que solicitaron al Tribunal de Juicio aplique al hombre que está acusado de haber golpeado a su expareja con un martillo y una piedra, la noche de Navidad del año pasado.
Las abogadas María Isabel Villarreal Gartiaga y Daiana Ortíz, que actuaron como parte querellante en la causa, representando a la víctima del hecho; alegaron reclamando una pena de 16 años de prisión por “tentativa de homicidio triplemente calificada”; sin embargo, el defensor oficial, Mariano Sardi, les recordó a ambas que el artículo 44 del Código Penal establece que se deben manejar en una escala de 10 a 15 años.
Luego de lo planteado por el doctor Sardi, las abogadas de la Defensoría Municipal debieron reconsiderar el pedido formulado y finalmente solicitaron el máximo de la pena que impone el Código Penal en relación a la calificación penal que sostuvieron (es decir 15 años), sobre lo cual expusieron diferencias con el Ministerio Público Fiscal.
El Tribunal de Juicio en lo Criminal escuchó el pasado viernes la exposición de los alegatos de las partes, en la causa donde está procesado Fernando Quipildor, a quien el fiscal Pablo Candela solicitó que se le aplique una pena de 12 años de prisión, al considerar que quedó probado en la audiencia que cometió el delito de “lesiones graves y coacción agravada”.
En tanto, el defensor oficial, doctor Mariano Sardi, ratificó las nulidades que en su momento expuso en el proceso y por lo tanto solicitó que su defendido sea absuelto.
Antecedentes del caso
Fernando Quipildor llegó a juicio, acusado de haber agredido físicamente a su ex pareja, a quien le ocasionó lesiones de carácter graves en distintas zonas de la cabeza y el rostro.
El hecho ocurrió entre las 21.40 del 24 de diciembre de 2017 y las 01.15 del 25 de diciembre, en el interior de la vivienda del hombre ubicada en el barrio Los Productores de la urbanización de la Margen Sur de Río Grande, a donde la víctima se había acercado ante amenazas de publicar vídeos íntimos de ella.
Los delitos por los que la causa fue elevada a juicio fueron los de lesiones leves y lesiones graves, ambas calificadas por haber sido cometidas contra una persona con la que se mantuvo una relación de pareja y por haber sido cometidas por un hombre contra una mujer mediando un contexto de violencia de género, y amenazas simples y amenazas coactivas agravadas.
