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a decisión del Ministerio de Producción y Trabajo de reducir los aranceles a la importación de más de 100 posiciones arancelarias vinculadas a productos de informática y bienes tecnológicos no producidos en la Argentina, generó un nuevo corto circuito entre la Provincia y el Gobierno nacional.
La Gobernadora interpretó la medida como “una persecución a la industria electrónica fueguina” ya que a su entender “con este decreto nos afectan la fabricación de partes de televisores en alrededor de cuarenta posiciones arancelarias”.
Indicó que “estamos conversando con el ministro Dante Sica (sobre el decreto 864/18) y nos dicen que es un error; pero un error de cuarenta posiciones arancelarias la verdad que no parece un error”, apuntó.
En declaraciones formuladas a una emisora radial de la ciudad de Buenos Aires dijo no entender “por qué aun tratando de mantener una relación institucional normal con un gobierno que no es de mi signo político, todos los días hay una afectación para la provincia de Tierra del Fuego”.   
La mandataria afirmó que “quiero que el país mejore, quiero que a la Argentina le vaya bien, pero también necesito que desde mi provincia tengamos la posibilidad de ser escuchados”, y en ese marco aseguró que “la verdad que es muy difícil trabajar” con el Gobierno Nacional.
Por su parte, el ministro de Industria, Ramiro Caballero, confirmó que ya presentó un reclamo formal al Ministro Sica para que se revisen los alcances del decreto. “Hay que revisar inmediatamente esto, porque es una medida adversa hacia la producción nacional. Hoy el arancel es cero, y no tenemos respuesta sobre el motivo. O hay un error en el decreto, por lo cual hemos pedido la modificación, o bien queremos saber por qué se está tomando esta medida” señaló. Agregó que “si e un error se puede corregir, pero si existen intereses, estamos muy mal y estamos hablando de algo mucho más preocupante”, advirtió.
Desde AFARTE se coincidió, de alguna manera, con la sospecha planteada por el ministro Caballero. Federico Hellemeyer, titular de esa entidad, dijo que “la sensación que queda es un gran interrogante de para qué se instrumentó esta norma. La quita del arancel a las computadoras, por más antipática y perjudicial que haya sido para nosotros, perseguía por lo menos una intención clara que era supuestamente llegara con mayor variedad de producto y con producto importado más barato al consumidor, pero en este caso yo no veo ningún consumidor interesado en comprar un transistor o un integrado más barato, ni tampoco creo que con esto salga la gente a armar algún tipo de negocio de fabricación de electrónica en el continente. La pregunta es para qué se sacó esta norma”, planteó.
En cuanto al efecto concertó de la medida, indicó que de una primera lectura del decreto se desprende “que se ha perdido un privilegio con respecto al continente”, ya que “esos insumos que antes nosotros teníamos la ventaja de importar a Tierra del Fuego con arancel cero, también ahora se pueden importar al territorio continental con arancel cero”.
De todas maneras, en declaraciones radiales, refirió que “el decreto es muy extenso y hay que analizar detenidamente cuáles son los insumos que están incluidos. Por ejemplo, hay insumos que se utilizan para la fabricación de televisores que están incluidos, insumos para la fabricación de teléfonos y de audio, pero no hemos visto hasta ahora insumos que se utilicen para la fabricación de aires acondicionados”.
De todas maneras entendió que este tipo de decisiones “nos tiene que mover a peticionar a las autoridades porque esto jamás se nos consultó” y en cierto sentido es algo que si bien conservamos un montón de otros beneficios como la liberación de IVA y Ganancias que son mucho más significativos en la estructura de costos, igualmente esto es como una pequeña poda que incomoda”.
A partir de la negativa repercusión que tuvo en la Provincia el mencionado decreto, desde la Secretaría de Industria de Nación se difundió una gacetilla de prensa en la que se asegura que “el decreto reduce aranceles para componentes electrónicos básicos que no se producen en la Argentina y que favorecen los procesos de inversión, la innovación y la competitividad de toda la economía, incluidos muchos sectores industriales”. Para el titular del área, Fernando Grasso, “los productos alcanzados por la medida son de uso transversal en diversas actividades generadoras de valor y es compatible con el normal desarrollo de las actividades y producciones que actualmente se realizan en la Provincia en el marco del régimen de promoción, que incluye beneficios más amplios que la baja de aranceles a la importación de componentes. A su vez, los utilizados principalmente en la producción fueguina, no forman parte de este decreto o su incidencia es marginal”.
Para negar la existencia de una “persecución” contra la industria fueguina, el funcionario nacional afirmó que “venimos trabajando junto con el Gobierno provincial y el sector privado y sindical en una agenda de mejora de la productividad y competitividad de la industria fueguina”. Destacó
una serie de medidas implementadas pro Nación “como la baja de los costos aduaneros y de transporte marítimo, la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE), el plan de mejora de la seguridad de las rutas, la realización de un conjunto de acciones para favorecer el consumo y el combate al contrabando”, como así también la reducción de
5 a 2 años del período que debe transcurrir para la modificación de los procesos productivos previstos en el régimen de promoción industrial.