l juez de instrucción de Ushuaia Javier De Gamas Soler remitió a juicio a oral y público la causa judicial donde se investiga el presunto maltrato animal que habría causado la muerte de 87 perros alaskanos y siberianos alojados en el centro invernal “Valle de Lobos”, confirmaron fuentes judiciales a EDFM.
La resolución del magistrado se produjo en el marco de la causa Nº 36.113 donde el único imputado es Walter Callo, el responsable del lugar en el momento en que tuvieron lugar los hechos.
El titular del Juzgado de Instrucción Nº1 de la ciudad declaró “clausurado” el sumario instruido en torno a estos episodios, por pedido del fiscal Fernando Ballester Bidau, y remitió las actuaciones al Juzgado Correccional de Ushuaia a los efectos que se desarrolle el correspondiente enjuiciamiento.
La medida también fue notificada a la asociación protectora de animales “Patitas Tolhuin” promotora de la denuncia inicial y colaboradora de la Justicia en todo el desarrollo del expediente.
De Gamas Soler había dictado meses atrás el procesamiento de Callo en función del delito de maltrato animal previsto en la ley nacional 14.346, en una resolución donde también realizó un severo diagnóstico sobre el estado en el que se encontraban los perros en Valle de Lobos.
Por ejemplo, un testigo relató que vio morir varios perros por desnutrición, inclusive una perra que estaba encadenada, y observó que pese a la mala alimentación y cuidados veterinarios, se los obligaba a correr entre 10 y 12 vueltas por cada perro.
Otro testigo declaró que vio morir a tres perros semanas antes de una competencia, y que en febrero de este año, “observó a unos perros comiendo a su cachorro y a otros animales ingiriendo su propia materia fecal”, mientras que más ejemplares “no tenían agua y estaban atados con cadenas”, se encontraban en “estado calamitoso, flacos (10 kilos) sin masa muscular, con piojos y parásitos”. A su vez otro grupo se encontraba suelto en la Laguna Esmeralda “buscando alimentos que le pudieran dar los turistas”.
Una especialista de la ONG denunciante declaró en el expediente que “vio que los canes comían trapos y luego los defecaban, como así también observó a los perros esperando a que otro defecara para comer sus heces”.
“Se tiene debidamente acreditado que Walter Callo no alimentaba en cantidad y en calidad suficiente a los animales que tenía a su cargo, que los hacía trabajar en jornadas excesivas sin proporcionarles el descanso adecuado y que eran empleados en el trabajo cuando no se hallaban en estado físico adecuado”, refiere el juez en el auto de procesamiento.
Y agrega que la disminución de ejemplares en Valle de Lobos “se debe a que han sucumbido ante la conducta de Callo, y a que han perecido por falta de alimentación, atención médica y sobreexplotación”.
En esta misma causa, el juez también anuló un dictamen del fiscal que había catalogado a los animales como “seres sintientes”, al considerarlo infundado, a la vez que lo criticó por “irrazonable”.
El magistrado recordó que según Ballester Bidau, al equiparar a los animales con las personas, como “se investiga la comisión delictual contra 87 canes víctimas, la pena máxima podría haber alcanzado los 50 años de prisión”.
En ese sentido, De Gamas le recordó al representante del Ministerio Público que la ponderación de la posible pena debe realizarse “en abstracto” y sin considerar la reiteración de hechos, con lo que en función del delito investigado no podría superar “el año de prisión”.
“Existe un solo delito reprochado y una pluralidad de hechos, pero la pena máxima para el delito sigue siendo de un año de prisión”, refutó el juez.
