os tres obreros que denunciaron por abuso sexual al intendente de la ciudad de Río Grande, Gustavo Melella, prestarán declaración testimonial, mientras que dos empresarios de la construcción investigados en la misma causa por supuestas irregularidades en la obra pública municipal fueron notificados de derechos y garantías, confirmaron a EDFM fuentes oficiales vinculadas al caso.
El juez de instrucción Raúl Sahade decidió citar para mañana a Damián Rivas, uno de los trabajadores que acusa al intendente de haberle exigido favores sexuales a cambio de empleo y de cobrar trabajos de obra pública realizados para el municipio.
Sahade convocó para el próximo lunes a Jerónimo Suasnabar, otro obrero que realizó una denuncia similar en agosto del año pasado, mientras que aún no definió una fecha para la declaración de Mario Lovera, el tercer denunciante.
El abogado de Melella, Francisco Ibarra, sostuvo que en el caso de Lovera no se lo podía citar porque su paradero era “desconocido” y que finalmente las autoridades judiciales lograron encontrarlo en la provincia de Formosa.
El letrado dijo que a través de las declaraciones testimoniales de las supuestas víctimas, por primera vez la defensa del funcionario tendrá la oportunidad de interrogar a los denunciantes, ya que hasta el momento solo habían declarado ante el juez.
Ibarra señaló a la prensa que “no existe en toda la causa un solo indicio de que los hechos hayan sucedido como se denunció”, y dijo que confía en que luego de los interrogatorios, la investigación se encaminará hacia la desestimación de la acusación fiscal por supuesto “abuso sexual coactivo” y hacia el sobreseimiento definitivo del intendente.
Por su parte el abogado Francisco Giménez, representante de los trabajadores denunciantes, consideró que la justicia “está persiguiendo a las víctimas en lugar de investigar al intendente”.
“Los notifican en sus domicilios en lugar de hacerlo en mi estudio jurídico. Cada vez que ven el patrullero se mortifican ellos y sus familias, mientras que a Melella lo notifican en el estudio de su abogado”, indicó Giménez en dialogo con EDFM.
Empresarios notificados
El juez Sahade también resolvió en las últimas jornadas la notificación de derechos y garantías a los empresarios de la construcción Alejandro Enrique Guillén y Luis Marino Vaquera, titulares de las empresas “Patagonia Constructora” y “Marino Luis Vaquera”, acusados en el mismo expediente de haberle facturado al municipio de Río Grande trabajos no realizados.
Los presuntos abusos sexuales y las supuestas irregularidades en la obra pública se investigan en forma conjunta porque de acuerdo a la denuncia, existiría una conexión entre las contrataciones municipales y el rol que desempeñaba el intendente.
Sahade dispuso, en los comienzos de la investigación, la separación de las causas, pero un fallo de la Sala Penal de la Cámara de Apelaciones de Río Grande, dictado en febrero, resolvió que “la instrucción de la causa continúe en el marco de un único proceso”.
Los jueces Julián de Martino y Jorge Luis Jofré entendieron que los hechos que se investigan están “estrechamente vinculados entre sí”, ya que como se investiga un presunto abuso sexual coactivo, la circunstancias de “relación de autoridad o de poder” deben buscarse en el modo en que se manejaron las contrataciones del municipio, y en la injerencia de Melella en esos procesos, indica el fallo de Cámara.
Vínculos de las empresas
Un aspecto ya señalado por el abogado querellante en numerosas oportunidades y que ahora deberá corroborar la Justicia, es el supuesto vínculo de las empresas involucradas con el entorno del propio intendente.
Por ejemplo, la empresa “Patagonia Constructora SRL” está integrada (según el contrato de constitución de la firma) por Alejandro Enrique Guillen, al que el juez notificó de derechos y garantías en el marco de la causa.
Ahora bien, como ya señaló el abogado Giménez, Guillen es la pareja de quien se desempeñó como secretaria privada del intendente Melella, Norma Noemí Menéndez, quien hasta octubre de 2018 figuraba percibiendo una remuneración del municipio de $114.602 mensuales, de acuerdo al listado oficial de empleados publicado en Internet por el propio municipio.
A su vez, Norma sería la hermana de Diego Alejandro Menéndez, quien de acuerdo a un contrato de septiembre de 2017, también formó parte de “Patagonia Constructora”.
Otra denuncia
Por otra parte, el abogado Ibarra confirmó que avanzará en una denuncia penal por los presuntos delitos de “cohecho y peculado” contra el secretario de Seguridad de la provincia, Javier Eposto.
Ibarra insiste en que uno de los testigos presentados por la parte querellante en el caso de los abusos, el ex sereno del municipio Hugo Moya, tiene vínculos con funcionarios del gobierno provincial, y que incluso recibió una casa social para su hija a través de gestiones realizadas por Eposto.
