a presencia de integrantes de la Fiscalía de Estado y de la Secretaria Legal y Técnica de Gobierno en la reunión de comisión, sirvió para despejar algunas de las dudas que existían en torno a los efectos concretos que para el Parlamento tiene el fallo dictado por el Superior Tribunal de Justicia que ordenó al Poder Ejecutivo a dictar un decreto adjudicando a Mirna Antunovic de Bridges 10 mil hectáreas ubicadas al sur de las estancias Boquerón y Río Claro y al oeste de la Estancia Carmen, la mayor parte de las cuales se encuentran dentro de la reserva natural Corazón de la Isla.
Las explicaciones brindadas por el Fiscal Adjunto, Maximiliano Tavarone, y el abogado Maximiliano Malnati, dejaron en claro que la sentencia en cuestión no resulta mandatoria para el Poder Legislativo, ya que este en uso de la atribución prevista en la ley de Tierras Fiscales tiene la facultad de ratificar o rechazar el decreto.
Lo que no pudieron precisar es que puede suceder si la Legislatura no convalida el decreto, ya que señalaron que ello dependerá de las acciones que pueda impulsar Antunovic y de lo que, en ese marco, resuelva la Justicia.
Por su parte, la Secretaria Legal y Técnica, Gimena Vitali, explicó que el decreto 620/16 se dictó en cumplimiento de la sentencia del Superior Tribunal de Justicia de 2016, que impuso un plazo perentorio para el dictado del acto administrativo y no por una decisión propia del Poder Ejecutivo. Señaló que como la Legislatura no resolvió en aquel entonces la ratificación o rechazo el asunto perdió estado Parlamentario, y que a fines de año pasado volvió a remitirse a la Legislatura el decreto en cuestión, porque Antunovic intimó en sede administrativa se cumplimente el trámite ordenado por la Justicia.
La funcionaria hizo también un breve repaso de la historia del reclamo de Antunovic, puntualizando que la sentencia original fue dictada en el año 2014 y que el Ejecutivo de aquel entonces declinó la vía recursiva ante la Suprema Corte de Justicia de Nación. Desde la Fiscalía de Estado se indicó que esa determinación se adoptó en el entendimiento de que la vía extraordinaria tenía pocas chances de prosperar.
Por el lado de los legisladores de la oposición, el mopofista Damián Löffler cuestionó la decisión del Ejecutivo de modificar la ley de Tierras Fiscales, para imponer a la Legislatura un plazo de 30 días hábiles para rechazar los decretos de adjudicación de más de más de 100 hectáreas, ya que vencido ese plazo se tiene por consentida la decisión del Ejecutivo.
El radicalismo reclamó la presencia de Pérez Toscani
A la reunión de ayer había sido convocado también el secretario de Ambiente, Desarrollo Sostenible y Cambio Climático, pero el funcionario no concurrió. En lugar de ello, Pérez Toscani remitió una nota informando que por razones de agenda no iba a poder participar de la reunión, ya que tenía previsto realizar una inspección de la obra vial Corredor del Beagle.
Los radicales Rubinos y Blanco insistieron en la necesidad de que el funcionario concurra a la comisión para explicar los motivos por los cuales ha planteado públicamente su oposición a la adjudicación de esas 10 mil hectáreas, por lo que solicitaron se pasara a un cuarto intermedio y se volviera a convocar a Pérez Toscani.
El oficialismo por la ratificación
Durante la reunión de ayer quedaron marcadas las posiciones antagónicas que sobre el tema existen entre los Legisladores. Los bloques de oposición ratificaron sus reparos a la adjudicación, en tanto que desde el oficialismo se deslizó que con sus votos ratificarán el decreto.
El próximo jueves está previsto llevar adelante una sesión especial para abordar el tema.
