a ex secretaria general del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (Soem) Sandra Esperón, aclaró que la causa penal por la que será juzgada a través del procedimiento de “omisión de debate” es por un hecho ocurrido en 2015, mientras que por otros dos episodios que tuvieron lugar en 2016 fue sobreseída por la Justicia.
La dirigente y su abogada, Marisa González, explicaron a EDFM, que la acusación pendiente es a raíz de una protesta que tuvo lugar en el Concejo Deliberante el 2 de diciembre de 2015, cuando se había producido un conflicto a partir de la aceptación de un nuevo gremio municipal, mientras que los sobreseimientos corresponden a hechos ocurridos el 5 y 22 de abril de 2016, en el contexto de la oposición gremial a las leyes que produjeron modificaciones al sistema jubilatorio en la provincia, entre otras medidas impulsadas por la gestión de la gobernadora Rosana Bertone.
Por el hecho de 2015, Esperón está acusada de agredir a Cristina López (la esposa del concejal y presidente del Concejo Deliberante, Juan Carlos Pino) “tomándola con gran fuerza del brazo izquierdo e intentando arrastrarla”, según consta en la acusación fiscal.
Bajo el cargo de “lesiones leves”, el juicio iba a realizarse a partir del miércoles 25, pero la dirigente aceptó a último momento la propuesta de “omitir el debate” formulada en febrero de 2018 por el fiscal subrogante Eduardo Urquiza, donde solicita la aplicación de una pena de tres meses de prisión.
De este modo, la jueza Correccional de Ushuaia Felicitas Maiztegui Marcó debe resolver ahora si absuelve a Esperón o la condena teniendo como parámetro el pedido fiscal.
Al respecto, la gremialista reiteró que “se considera inocente”, y que prefirió someterse a la decisión de la justicia antes de promover una “probation” (o suspensión del juicio a prueba) que según su criterio hubiera dejado flotando la idea de culpabilidad.
En relación a los hechos de 2016, Esperón estaba acusada de haber ingresado a la presidencia del Concejo el 5 de abril, haber pateado la puerta de la oficina de Pino y haber tomado del cuello a una empleada que la filmaba.
La jueza de instrucción María Cristina Barrionuevo la procesó en febrero de 2017 por “amenazas coactivas”, pero la Cámara de Apelaciones de la Provincia anuló ese pronunciamiento en julio del mismo año y Barrionuevo terminó dictando su sobreseimiento definitivo en agosto, según consta en las actuaciones judiciales enviadas a este medio por la abogada González.
La ex secretaria general del Soem también estaba acusada de amenazar a una empleada del Concejo Deliberante durante una protesta que se realizó el 22 de abril (también en el contexto de las leyes previsionales) pero la misma jueza Barrionuevo la sobreseyó definitivamente por este hecho, dejando constancia de que la causa “no afecta el buen nombre y honor del que hubiera gozado la nombrada”.
Esperón consideró que todas estas causas (en las que fue sebreseida y en las que espera pronunciamiento) “son de índole político”, y responden a “reacciones del poder de turno contra las diferentes reivindicaciones gremiales que me tocó protagonizar”, dijo.
