ste día, el presidente de la Nación Carlos Saúl Menem dispone la instrucción “de un sumario administrativo a efectos de investigar las irregularidades denunciadas por D. Luis Benito Zamora ante la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas con fecha 26 de diciembre de 1989 contra las autoridades superiores del ex Territorio Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur”, según reza el Decreto 2059/91.
Esta disposición se originó en el conflicto de poderes que estalló en la flamante provincia, cuando el gobernador Carlos Martín Torres fue desplazado de su cargo por decisión del presidente Menem. La medida generó un intenso debate, debido a la inusual situación que se había gestado al haber dejado Tierra del Fuego de ser un territorio nacional y que la Asamblea Constituyente de la flamante provincia se encontraba en plenas funciones. En ese marco, un sector del justicialismo consideró que el Poder Ejecutivo Nacional ya no contaba con autoridad para tomar ese tipo de medidas y que cualquier desplazamiento debía ser convalidado por el único basamento institucional que contaba con soberanía popular en el ámbito fueguino. Otro sector del justicialismo, entre los que se destacaban los intendentes de Ushuaia, Carlos Manfredotti, y de Río Grande, Esteban ‘Chiquito’ Martínez, prefirieron disciplinarse al verticalismo nacional y especular con posibles candidaturas.
Torres y los altos funcionarios de su gobierno fueron “denunciados penalmente colectiva e individualmente, sometidos a investigaciones administrativas nacionales en jurisdicción del Poder Ejecutivo como la expuesta, ante la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas (con dictamen del 8 de abril de 1991) y de la Cámara de Diputados de la Nación (en el orden legislativo). Todas concluyeron en que no hubo irregularidad alguna en su comportamiento, ni en su accionar de gobierno, en su persona o colaboradores” (Adrián G. de Antueno Berisso. Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Proceso de Provincialización).
Torres fue desplazado de la Gobernación territorial el 16 de enero de 1991 y fue sucedido por el controvertido Adrián Aquiles Fariña, nombrado por el presidente de la Nación. Éste, a los pocos meses, fue reemplazado por Matilde Menéndez, quien fue la última funcionaria que ocupó la Gobernación del Territorio.
