l Tribunal de Juicio en lo Criminal de la ciudad de Río Grande condenó el pasado viernes a una pareja por el abuso sexual de una niña de 11 años hija biológica del hombre, a quien obligaban a tomar anticonceptivos de emergencias después de perpetrada cada violación, según demostró la justicia fueguina.
El fallo dio por demostrados al menos cinco abusos cometidos en perjuicio de “la menor S” durante el período comprendido entre julio de 2014 y noviembre de 2016.
Los jueces encontraron a ambos imputados como coautores de los delitos de “abuso sexual con acceso carnal agravado” y “promoción de corrupción de menores agravado”.
El hombre cuya identidad no fue suministrada para preservar a la víctima, recibió una pena de 20 años de prisión, mientras que su pareja, una mujer de nacionalidad dominicana, fue condenada a 12 años de prisión.
Debido a que el sujeto ya purgaba una condena anterior de 4 años y 2 meses de prisión, por un robo con armas, el tribunal le unificó la pena en 24 años.
El juicio había comenzado el jueves 14, y tuvo una suspensión luego de que la mujer inculpó a su pareja y obligó a la defensa pública, hasta el momento conjunta de ambos acusados, a desdoblarse tras advertir la existencia de “intereses contrapuestos”, explicaron fuentes judiciales.
Además, uno de los jueces abandonó las audiencias por razones de salud y el tribunal debió reconstituirse con un magistrado subrogante.
El hombre imputado siguió el juicio por videoconferencia desde la Unidad de Detención Nº1 de Río Grande donde se encuentra en prisión preventiva desde hace un año, luego de la condena anterior que le impusieron en 2017.
Los jueces Daniel Borrone, Eduardo López y Natalia Buitrago rechazaron nulidades presentadas por las defensas y los pedidos de aplicarle penas mínimas a sus asistidos.
En cambio, coincidieron tanto con el fiscal Jorge López Oribe como con la querella, ejercida por la abogada Adriana Varisco, en que el autor de los abusos era el hombre con la participación y el consentimiento de la mujer, quien además “conocía” la práctica de suministrarle pastillas anticonceptivas de emergencia a la menor, para evitar que quedara embarazada, ya que las relaciones sexuales se concretaban “sin protección”.
El juicio oral y reservado es el primero que se desarrolló durante la vigencia del aislamiento social, preventivo y obligatorio en la provincia, con la presencia en la sala de los jueces, el fiscal, la querella, los defensores y la acusada.
Las audiencias se realizaron en medio de estrictas medidas de seguridad sanitaria: con distanciamiento social entre las personas, el uso de compartimientos de vidrio para dividir el recinto en sectores y la utilización de tapabocas y máscaras faciales.
