a propiedad donde funcionaba el local nocturno Sheik, clausurado en 2012 luego de un operativo de trata de personas, será vendido o rematado para obtener recursos económicos con los que prioritariamente se le pagará un resarcimiento económico a la víctima querellante del caso, Alika Kinán.
Así se desprende de un fallo dictado en 2018 por la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal, que modificó la sentencia del Tribunal Oral Federal de Tierra del Fuego donde se condenó a los responsables de formar parte de una red de trata.
Según el pronunciamiento de 2016, la vivienda ubicada en la esquina de las calles Gobernador Paz y Roca, que se caracterizaba por una gran corona con luces colocada en el frente, a modo de ornamentación, debía ser decomisado y entregado al Estado Nacional y a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, para que con los fondos resultantes se financiaran programas de atención y protección a las víctimas de trata.
Sin embargo, la Cámara de Casación modificó ese criterio y consideró que el bien debe ser decomisado pero teniendo como fin prioritario el resarcimiento a la víctima.
Los jueces Angela Ledesma, Alejandro Slokar y Ana María Figueroa entendieron en una parte de la sentencia que no había trascendido hasta el momento, que la ley 26.842 sobre "Prevención y sanción de la trata de personas y asistencia a sus víctimas" fue aplicada “erróneamente” por el tribunal fueguino, al favorecer el patrimonio de entidades estatales “por sobre la indemnización correspondiente a las víctimas y el destino asignado legalmente a los bienes sujetos a decomiso. De tal suerte, omitió atenerse a un deber que es primario y básico en la actuación judicial: reparar a la víctima antes que beneficiar al propio Estado”, afirma el pronunciamiento.
En esa línea, argumenta que las regulaciones internacionales en materia de explotación sexual enfatizan la necesidad de proteger a las víctimas y facilitar la reparación por los daños sufridos, estableciéndose un deber de reparación reforzado. Esas obligaciones internacionales remiten a normativas internas que deben regular necesariamente el acceso a remedios en su favor.
Por ello, la cámara de casación determinó que “la totalidad de los bienes sujetos a decomiso serán destinados, en primer término, al pago de la indemnización dispuesta en favor de Alika Kinan Sánchez y, en caso de existir un remanente, conforme lo dispuesto en el fallo, se asignará al Programa de Asistencia a Víctimas del Delito de Trata del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación”.
Según el veredicto dictado hace cuatro años, en su faz civil, los imputados y el municipio de Ushuaia fueron condenados solidariamente al pago de una indemnización a Kinan de $780 mil, que además deberá ser actualizada con intereses.
Ahora, la propiedad donde funcionaba el Sheik, entre cuyos dueños legales se encuentran algunos de los imputados, será decomisada y rematada o vendida, con la prioridad de cumplir con la condena civil, antes que cualquier otro fin.
El dato de la titularidad del bien no es menor porque en otras causas de trata de personas, los locales donde se explotaba sexualmente a las mujeres no eran propiedad de los acusados, sino de terceros, lo que dificultaba hacerse de los recursos para asegurar la liquidación de posibles montos resarcitorios.
El local nocturno Sheik fue allanado el 9 de octubre de 2012, en el marco de un procedimiento ordenado por la Justicia Federal de Ushuaia, con intervención de la Gendarmería Nacional, donde se rescató a 7 mujeres, entre ellas Kinán, quien después se convirtió en querellante contra sus captores por primera vez en la historia judicial argentina, y que luego de ello se transformó en una activista de los derechos femeninos con reconocimiento nacional e internacional.
El testimonio de Kinán permitió reconstruir el horror de lo que ocurría en las habitaciones laterales de la casa, que hoy luce despintada y con el esqueleto oxidado de aquella corona multicolor.
Mujeres en estado de vulnerabilidad social, trasladadas desde otras provincias y obligadas a prostituirse para pagar deudas interminables, sometidas a un régimen de esclavitud, maltratadas y confinadas a piezas húmedas y sucias, son solo parte de las historias reconstruidas en el juicio oral de noviembre de 2016.
Luego de ese proceso, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tierra del Fuego condenó a 7 años de prisión a Pedro Montoya, dueño del establecimiento, y a dos mujeres (entre ellas su pareja) como partícipes secundarias del delito de “trata de personas agravado por la pluralidad de víctimas”.
La Cámara de Casación también anuló la parte de la sentencia relacionada con las dos mujeres, por entender que había elementos para adjudicarles una coautoría en el hecho y no una participación secundaria.
Por ello, ordenó la realización de un nuevo juicio que podría realizarse durante el transcurso de este año, si primero se resuelven otros recursos presentados ante la Corte Suprema de la Nación.
En 2016, antes de conocerse el veredicto judicial sobre el caso, hubo un debate sobre el uso que debía darse al edificio donde funcionó el prostíbulo, que además está ubicado a metros de un jardín de infantes.
Organizaciones sociales y sindicales de la ciudad propusieron destinarlo a una institución que se dedique a atender víctimas de violencia de género y a prevenir la trata de personas, pero desde el “Programa de Rescate y Acompañamiento de Personas Damnificadas por el Delito de Trata de Personas”, que depende del Ministerio de Justicia, replicaron que la reutilización de los edificios donde operaron redes de trata “no es beneficioso para las víctimas”.
Por esa época, hubo quienes propusieron demoler la vivienda, de modo de producir el hecho simbólico de terminar con el flagelo que tenía lugar adentro de sus paredes, aunque ello tampoco prosperó.
