a jueza Federal de Río Grande, Mariel Borruto, le tomará declaración indagatoria mañana a otros dos imputados de participar en la maniobra de narcotráfico que concluyó con el secuestro de 27 kilos de marihuana el pasado 15 de junio, aunque todavía sigue sin indagar al funcionario provincial involucrado en el caso, según confirmaron a EDFM fuentes judiciales.
La jueza escuchará en su primer acto de defensa a los nuevos sospechosos, luego de haber dictado una resolución hace quince días en la que procesó a cinco personas, y de haber indagado a un sexto implicado la semana pasada.
Sin embargo, los voceros judiciales consultados continúan definiendo como “llamativo” que la magistrada no indague todavía al actual subsecretario de Obras y Servicios Públicos del gobierno provincial, Gustavo Gabriel Caro, a pesar de las “abundantes pruebas” que lo comprometerían con la investigación, dijeron.
Hasta el momento la jueza procesó como coautores “prima facie” del delito de “tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, agravado por la participación de más de tres personas”, a Carlos Mario Bennati, Agustín Anchordoqui, el camionero Gastón Vicente Denis Almada, Juan Ariel Duarte y Luis Eduardo Alcoba.
En el caso de Bennati, Achordoqui y Denis Almada, Borruto también dispuso la prisión preventiva, por lo que continuarán detenidos mientras se desarrolla el proceso.
Por su parte, Duarte y Alcoba recuperaron la libertad, ya que la jueza les atribuyó una participación secundaria en el hecho, y en ese caso la figura delictiva es excarcelable.
Además de los procesamientos, a Bennati lo embargaron por $50 millones, a Anchordoqui y Almada por $40 millones, y a Duarte y Alcoba por $15 millones.
En tanto, la jueza le tomó declaración indagatoria la semana pasada a Gustavo Anchordoqui (padre de Agustín, el otro imputado) detenido durante un allanamiento en su domicilio y sospechado de tener algún tipo de vinculación con el caso.
Según trascendió, Anchordoqui (padre) se negó a declarar y su situación procesal aún no fue definida.
A su vez, el caso de Caro es diferente: su domicilio también fue allanado, lo notificaron de derechos y garantías pero no lo detuvieron y tampoco lo indagaron.
Las fuentes judiciales consultadas insisten en que a partir de intervenciones telefónicas, surgiría que el funcionario utilizó su cargo para conseguir un permiso especial de circulación durante la cuarentena estricta de coronavirus, en favor de uno de los otros imputados en el caso.
También existirían “filmaciones” y otras pruebas que incriminan a Caro, quien fue suspendido de sus funciones en el gobierno, sin el cobro de haberes, pero todavía no se le dio de baja a la designación.
La droga del operativo denominado “Pandemia verde”, fue hallada el pasado 15 de junio, en el interior de “un bolso deportivo de color azul” que fue arrojado desde un automóvil en movimiento.
Según trascendió, el estupefaciente ingresó a la provincia por el paso fronterizo de San Sebastián (limítrofe con Chile, ubicado 80 kilómetros al norte de Río Grande) a bordo de un camión que transportaba carga para una empresa textil.
La policía que venía investigando el caso desde hacía varios meses, dejó pasar la carga por la frontera y siguió el camión hasta el parque industrial de la ciudad, donde se detuvo en proximidades de un kiosco, sobre la calle Islas Malvinas al 2400.
En ese lugar, el camionero entregó el bolso a personas que circulaban en un auto y fue inmediatamente detenido, mientras que el coche se dio a la fuga y se inició una persecución por distintos sectores de Río Grande.
Vecinos del barrio AGP denunciaron luego que “les tiraron un bolso desde un automóvil”, y cuando la policía llegó al lugar encontró el equipaje con la droga en su interior.
