l Centro Austral de Investigaciones Científicas (CADIC) -dependiente del Conicet- analiza por estas horas si apelará la resolución dictada la semana pasada por el juez Federal de la ciudad de Ushuaia, Federico Calvete, que prohíbe la matanza de conejos con gas fosfina dispuesta como solución al “riesgo ambiental” y a los “inconvenientes” generados por la especie en inmediaciones del edificio del organismo.
Calvete hizo lugar a una medida cautelar presentada por dos asociaciones protectoras de animales (la Asociación de Abogados y Funcionarios para la Defensa de los Animales (Afada) y la Asociación Amigos del Reino Animal Fueguino (Araf) aunque esa decisión podría ser recurrida ante la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia.
El juez también dispuso la realización de una audiencia con todas las partes involucradas (agregó a representantes del gobierno y del municipio) para analizar el modo en que deberá implementarse un plan alternativo propuesto por las protectoras y consistente en la extracción de los animales mediante jaulas-trampa, su relocalización en otro predio, y la esterilización quirúrgica de los ejemplares a cargo de un médico veterinario.
Sin embargo, desde el Cadic insisten en que esa medida resulta “inviable” y que “solo serviría para trasladar el problema de un lugar a otro”.
La propuesta de las asociaciones protectoras “está basada en premisas falsas, no ofrece una solución al problema de fondo, viola la normativa existente y representa un antecedente peligroso para el manejo de las especies exóticas invasoras en todo el país y en Tierra del Fuego en particular”, asevera un documento que el organismo científico presentó en la causa judicial, y al que accedió este medio.
Cuestionamientos de todo tipo
Entre las críticas al plan que el juez pretende aplicar, la entidad dependiente del Conicet sostiene que “no se trata de un plan, sino de un esbozo de idea con contenido y precisiones extremadamente básicos y carentes de sustento biológico, lo que demuestra ignorancia en el manejo de animales no domesticados”.
“Se limitan a presentar una idea sin explorar aspectos esenciales de su factibilidad y plantean realizar algo cercano a un delito ecológico, manifestando un profundo desconocimiento de las implicancias legales y ecológicas de tomar determinadas acciones”, afirma el descargo del Cadic al que la justicia tuvo acceso antes de resolver.
En concreto, el documento señala que, por ejemplo, no se han informado la cantidad de trampas, ni cantidad de horas de trampeo, ni de franjas horarias de trabajo, personal involucrado y equipamiento de protección que harían falta para capturar a los conejos vivos.
También menciona que las trampas que se utilizarían para esa actividad son usadas para gatos domésticos, sin que haya evidencia de que funcionen para conejos, además de incluir puertas tipo guillotina “de peso considerable” que podrían lastimar a los ejemplares capturados.
Por otra parte, el análisis del Cadic cuestiona que “no se define la periodicidad de revisión de las trampas, lo que incide en la “capturabilidad” de los conejos al volverse progresivamente más cautos por la presencia humana”, y “no propone una manera de determinar cuándo se habrían capturado todos los conejos, es decir, cuándo se habrían obtenido a todos los ejemplares presentes debajo de la estructura del CADIC”, con lo que en consecuencia, “no propone cómo evitar la reinvasión de conejos”.
En otros tramos del documento, el plan de las protectoras es criticado porque:
-no indica el cebo a utilizar y cómo se pretende evitar la captura incidental de otros animales en las trampas.
-no indica cómo evitaría que los conejos atrapados sean acosados en las jaulas por perros sueltos que ingresan al predio del CADIC desde toda la ciudad, lo que les produciría un estres considerable hasta el momento en que un humano los retire.
-no indica cuántos conejos estarían en condiciones de alojar definitivamente en un predio de “seis metros por diez metros”, como el propuesto por Araf.
-Tampoco indica el tiempo que alojarían a los conejos esterilizados en ese predio.
-No indica si el suelo del predio de alojamiento es de material o es suelo natural.
-No indica, en el caso de un predio con suelo natural, cómo evitaría que los conejos caven por debajo del límite del predio y se escapen, desconociendo las previsiones básicas de infraestructura para evitar que un conejo escape de un recinto con suelto natural.
-No indican cómo alimentarían a los conejos durante toda la vida que les quede (hasta 9 años), en ese predio de sólo 60m2.
Además, según la entidad científica, capturar vivos a los conejos y trasladarlos a otro lugar de Ushuaia sería “una falta a las normas vigentes y un grave error ecológico”.
“Especie exótica invasora”
“Hay un error conceptual consistente en pretender asimilar al conejo europeo como componente de la biodiversidad nativa cuando se trata de una especie exótica invasora. También se desconoce el impacto ampliamente demostrado que asta especie produjo en varios ecosistemas y tierras productivas en el mundo, inclusive Tierra del Fuego”, insiste también el planteo del CADIC.
Incluso adelanta que el fallo del juez Calvete constituye “un precedente jurídico lesivo para el desarrollo e implementación de las políticas públicas que están llevando adelante las autoridades de aplicación, nacionales y provinciales, en todo el territorio nacional, para controlar o eliminar el daño producido por las especies exóticas invasoras a la salud, a los ecosistemas y a la agroindustria. Eso sin mencionar la persistencia del riesgo para la operatoria aerocomercial”, finaliza la batería de argumentos que la justicia hasta ahora no tuvo en cuenta para resolver el caso.
