n desalentador panorama presentó ayer la apoderada de Textil Río Grande sobre la continuidad de funcionamiento de la planta ante los Legisladores que integran la recientemente creada comisión de “seguimiento de toda la actividad Industrial que se desarrolla en la Provincia”.
Yanina Rosini señaló que la firma que cuenta con plantas también en Trelew y Buenos Aires contaba hace 2 años con unos 1500 empleados, plantilla que al inicio de la cuarentena ya se había reducido a 500 trabajadores y que en la actualidad no supera los 400 producto del plan de retiros voluntario implementado para tratar de acodar la desvinculación de la totalidad de personal con el pago de indemnizaciones hasta en 12 cuotas.
Precisó que de los 100 empleados de Textil Río Grande, 16 ya acordaron su desvinculación y que otros 81 la han rechazado hasta el momento, por lo que por ahora no hay fecha cierta de cierre ya que los dueños de la empresa están a la espera de que la mayoría de los trabajadores se sumen al retiro voluntario.
Rosini informó que la hilandería que la empresa tiene en Trelew ya cerró, que otro tanto ocurrió con la planta de confección emplazada en Buenos Aires y que en los próximo días cerrarán los últimos locales comerciales, de los 13, que funcionaban también en Buenos Aires.
Sostuvo que desde 2018 la empresa está en concurso preventivo y que producto de la cuarentena la situación económica se complicó aún más por el parte total de la actividad. “Estamos hace 4 meses sin producción y facturación, el 80% de cheques en cartera fueron rechazados por falta de fondos, muchos clientes devolvieron lo comprado por caída de las ventas y tenemos falta de materia prima por falta de pago” señaló. Incluso comentó que hay un cargamento de materia prima en el Puerto de Ushuaia que será devuelta “porque no se puede pagar”.
Mencionó que para tratar de capear la complicada situación gestionaron sin éxito el acceso a los créditos del 24% para el pago de salarios, pero que ninguno de los bancos privados y públicos, entre ellos el BTF, ante los que solicitaron asistencia se las otorgó “por estar en concurso de acreedores”. Agregó que también se gestionó un subsidio ante el ministerio de la Producción de la Provincia, que no les fue otorgado. Dijo que en su lugar “se dio subsidio directo de 10 mil pesos directo a los empleados”.
Sostuvo que la única ayuda a la que accedió la empresa fue el programa de asistencia al trabajo y la producción que hasta el mes pasado cubría hasta unos 30 mil pesos del salario de cada trabajador, pero que para este mes representará hasta 17 mil pesos. La diferencia entre ese monto y los 80 mil pesos promedio que cobran mensualmente los empleados de la firma, representa el pago de unos 5 millones de pesos, erogación que no se está en condiciones de afrontar.
Rosini también precisó que el año pasado la AREF le denegó a la empresa el beneficio de tasa cero en Ingresos Brutos, por no haber mantenido la misma planta funcional que la existente a 2009. “El año pasado hubo tres bajas por jubilación, retiro y desvinculación por lo que se consideró incumplido el requisito y el reclamo de revisión ante la AREF fue rechazado”, apuntó.
La realidad planteada ayer por Rosini no difirió en nada de la que le fuera planteada al ministerio de Trabajo de la Provincia “por la gerente general de Recursos Humanos del distrito Río Grande de la empresa, que se encuentra en Buenos Aires” durante la “audiencia que tuvimos el día lunes pasado”, indicó el titular de esa cartera, Marcelo Romero, que también participó de la reunión de comisión que integran los legisladores Legislador Sciurano, Acosta, Rivarola, Trentino, Bilota, Martínez, Freites; Löffler y
Laura Colazo.
