a presidenta del Instituto Provincial de Vivienda y Hábitat, Leticia Hernandez, se refirió a las irregularidades vinculadas a la gestión pasada sobre el uso de viviendas de servicio y cuestionó al ex jefe de Gabinete Leonardo Gorbacz por haber utilizado un inmueble durante largo tiempo y haber demorado su entrega. Por otra parte, admitió que efectivamente la actual gestión le otorgó una vivienda a la ministra de Obras Públicas, Gabriela Castillo, aunque dijo que dicha acción está amparada en una resolución y que por la misma se establece un canon de uso por parte del funcionario.
Hernandez se ocupó ayer de señalar que en la anterior gestión hubo retraso en las entregas de las viviendas por parte de ex funcionarios. En ese sentido denunció que “en Río Grande tenemos una situación de un ex funcionario del Canal Público, a quién se envió una carta a documento para pedirle la vivienda, también estuvo el ex Jefe de Gabinete, Leonardo Gorbacz, quien residió en una de las casas de servicio y la dejó a una persona a quien le armaron el expediente de adjudicación en una semana”.
Hernández desmintió que el Gobierno esté destinando casas para que vivan funcionarios asegurando que “se trata de viviendas de servicios” que se están otorgando a Ministerios para descentralizar ciertas funciones.
Por otra parte, la Presidenta del IPVyH aseguró que “cuando ocupamos el cargo en el mes de diciembre nos encontramos con 10 viviendas de servicio en la ciudad de Río Grande y 6 en la ciudad de Ushuaia” al mismo tiempo explicó que “descubrimos que esta casa de servicio que estuvo usufructuando en su momento Leonardo Gorbacz, está adjudicada a una persona a la que le armaron un legajo en una semana en el IPV de Río Grande”.
“Hay una jovencita de 23 años viviendo en esa casa, nosotros empezamos una investigación en el mes de enero en la ciudad de Río Grande, después nos vino a apoyar la Fiscalía de Estado que toma la denuncia de los seis empleados del IPV que está radicada en la ciudad de Ushuaia, pero nosotros en Río Grande ya habíamos comenzado esta investigación por irregularidades de ex funcionarios y personal propio del Instituto” agregó.
Asimismo, la funcionaria mencionó que existen varias casas de servicio que “costó mucho recuperar”, de ex funcionarios y trabajadores del Canal Público, del ex Secretario de Obras y Servicios Públicos que residiendo en Entre Ríos “mantenía sus pertenencias en la vivienda sin haber entregado la llave de la misma, también ex funcionarios del IPV que haciendo usufructo de una vivienda de servicios dejaron una familia instalada en forma totalmente irregular, pasando por alto la demanda general”.
Respecto a la entrega de viviendas de servicio a particulares, Hernández fue tajante y dijo “en los dos casos, no se pueden asignar las viviendas de servicio a vivienda particular. Esto se podría si estuvieran dentro de los parámetros, pero en estos dos casos no se puede; si el usufructo de servicio caducó en diciembre, y yo decido dárselo a la familia con antigüedad, con vulnerabilidad, que figure en el registro y esté en condiciones, ahí podría hacerse, pero no fue así”.
A su vez reconoció que se iban a “enviar pedidos de desalojo, pero en el contexto de pandemia no se puede solicitar ese procedimiento”, respecto a la vivienda usufructuada por Gorbacz.
Hernandez explicó cómo sigue el tema judicialmente y dijo que “en Ushuaia se solicita a la Fiscalía de Estado que intervenga con el área Legal y técnica del IPV” y celebró la actitud de los empleados del Instituto quienes radicaron la denuncia de irregularidades en la gestión anterior. “Es muy reconocible lo de los trabajadores del IPV que denunciaron las irregularidades en Ushuaia, y en Río Grande tuve gestionar las denuncias” concluyó.
Resolución que ampara el uso
Por otra parte, desde el IPV admitieron que se entregan viviendas de servicio a los ministros y ministras actuales ya que existe una resolución interna que así lo avala y para lo cual los funcionarios que ocupan deben hacerse responsables del inmueble.
Así lo manifestó durante el fin de semana Leticia Hernández luego de que se diera a conocer una aparente resolución en la que se había convenido la entrega de una vivienda a la Ministra de Obras Públicas, Gabriela Castillo.
Luego de que se difundiera por las redes sociales dicho documento, Leticia Hernández dijo que “hay una resolución interna reglamentaria de la provincia, la N° 161 que otorga a todos los ministerios casas de servicio. Esta resolución hace referencia a que cada Ministro o Ministra es responsable”.
La funcionaria admitió que también “le otorgamos una vivienda de servicio al Ministerio de Educación y después se le otorgará otra al Ministerio de Salud, que es la casa para los médicos que participan de una convocatoria que se hizo a nivel nacional para que se arraiguen y puedan brindar sus servicios en la provincia”.
“Es por esto que es necesario aclarar que cada ministro tiene un canon de uso con determinado tiempo de entre dos y cuatro años. La casa que se destinó al Ministerio de Obras Públicas nos costó muchísimo recuperarla porque estaba un funcionario de la gestión anterior que no quería devolverla, hasta que en julio logramos que retirara sus pertenencias”, subrayó Hernández.
Por último reiteró que “desde el ejecutivo vamos a iniciar las acciones legales a los medios de comunicación que difundieron información errónea, porque en el medio de todo esto está la necesidad de la gente que por supuesto se ofendió y hay que destacar que las viviendas que se le otorgan a los funcionarios es patrimonio de la provincia para un uso de servicio por un tiempo determinado. Esta gestión es transparente y estamos trabajando para solucionar las necesidades habitacionales de los vecinos”.
