l juez Federal de Ushuaia, Federico Calvete, convocó para el próximo lunes 24 de agosto a las 14, a la audiencia en la que autoridades del Centro Austral de Investigaciones Científicas (Cadic) -dependiente del Conicet- representantes de asociaciones protectoras de animales, del gobierno y del municipio se deberán poner de acuerdo en la instrumentación de un plan alternativo a la matanza de conejos con gas fosfina en inmediaciones de la península de Ushuaia.
El encuentro forma parte de la medida cautelar dictada por Calvete el pasado 7 de julio, cuando le prohibió al Cadic llevar adelante la erradicación de estos animales, y consideró factible aplicar un “plan alternativo” presentado por las dos entidades que iniciaron la demanda judicial, que son la Asociación de Abogados y Funcionarios para la Defensa de los Animales (Afada) y la Asociación Amigos del Reino Animal Fueguino (Araf).
Ese plan, que sigue contando con el rechazo de los organismos científicos, consiste en la captura de los ejemplares mediante jaulas trampa, su castración quirúrgica por un médico veterinario y su traslado a un predio especialmente acondicionado.
Si bien el fallo de Calvete fue rechazado y recurrido por el Conicet ante la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia, en Chubut, hasta el momento la cautelar está vigente y por eso fue convocada la audiencia establecida en la resolución judicial.
El magistrado definió ayer que el encuentro se realizará en el salón de usos múltiples del juzgado, dando cumplimiento al protocolo sanitario por la pandemia de coronavirus, incluyendo el distanciamiento social y el uso obligatorio de tapabocas por parte de los asistentes.
Para la audiencia fueron citados el veterinario Alejandro Alberto Hiriart (responsable técnico del plan alternativo presentado por las protectoras) la titular de la Dirección General de Áreas Protegidas y Biodiversidad dependiente de la Secretaría de Medio Ambiente de la provincia, María Laura Carranza y el secretario de Medio Ambiente de la Municipalidad, Damián De Marco.
También fueron convocados representantes del Comité Operativo de Emergencia (COE) y el fiscal Federal de Ushuaia, Juan Soria.
El juez dispuso que las partes podrán designar a otros expertos para que los asesoren, aunque “en la cantidad imprescindible” y siempre y cuando se comuniquen al tribunal sus nombres en los próximos cincos días.
Además, las autoridades del Conicet que no puedan viajar a la provincia por las restricciones del tráfico aéreo (a causa de la pandemia) podrán participar por videoconferencia, a través de la plataforma Zoom o alguna otra alternativa.
Posturas encontradas
El Cadic decidió el control poblacional de los conejos debido al “riesgo ambiental” y a los “inconvenientes” generados por la especie en inmediaciones del edificio del organismo.
Tanto Afada como Araf se presentaron ante la Justicia argumentando que la erradicación de estos animales amenaza la “fauna silvestre y la diversidad biológica”, y que la sustancia pensada para la fumigación resulta “altamente tóxica para cualquier ser vivo”.
Al hacer lugar a la medida cautelar, el juez entendió que las asociaciones demostraron “los derechos que asisten a los animales no humanos, y que también merecen protección judicial”.
“El ecosistema protegido está conformado por el medio ambiente, los recursos naturales y también por los seres vivos que habitan en el mismo. Se debe procurar un equilibrio en el que las personas sean espectadores que eviten en lo posible alterarlo, que se sirvan del mundo sin destruirlo, y lo conserven para las generaciones futuras”, escribió el magistrado en su fallo.
Respecto del caso concreto, Calvete afirmó que “mientras no podemos sostener a ciencia cierta que los Conejos de Castilla generarán un daño grave al ecosistema (…) sí podemos sostener que matarlos en conjunto puede afectar normas constitucionales”, aseveró.
Al apelar esa decisión, el Cadic y el Conicet consideraron que el conejo es una especie exótica invasora “en todas las regiones en las que se encuentra, a excepción de Europa, de donde es originario”, mientras que la presencia del “Conejo de Castilla” en Tierra del Fuego, así como en el resto de los lugares que invade, “produce daños que pueden ser irreversibles en los ecosistemas nativos”.
“Destruyen zonas completas de vegetación nativa, arruinando el suelo y también la capacidad productiva (…) al cavar en busca de raíces y para construir madrigueras, dañan yacimientos arqueológicos y paleontológicos, destruyendo irremediablemente los restos y la información que estos guardan”, fundamentó el Cadic en un comunicado.
A su vez, sobre el plan alternativo de traslado de los animales a un predio acondicionado, que Calvete pretende implementar, el organismo científico adelantó que resulta “inviable”.
La propuesta de las asociaciones protectoras “está basada en premisas falsas, no ofrece una solución al problema de fondo, viola la normativa existente y representa un antecedente peligroso para el manejo de las especies exóticas invasoras en todo el país y en Tierra del Fuego en particular”, dijeron desde el Cadic-Conicet.
