l secretario Legal y Técnico de la Provincia, José Capdevila, habló sobre la detección de trámites y gestiones administrativas irregulares de la gestión anterior que involucra a la Dirección Provincial de Energía con una licitación de 2 millones de pesos.
Capdevila sostuvo que “desde que asumieron las nuevas autoridades se empezaron a analizar los diferentes trámites administrativos que estaban en proceso o que habían culminado los días anteriores a que la nueva gestión asumiera. En esos expedientes se empezaron a detectar algunos casos de irregularidades donde se habían comprado cosas y habían pagado, pero nunca se habían entregado”.
“Inicialmente, de acuerdo al proceso administrativo se hizo la etapa administrativa interna y a media que se iban detectando irregularidades intervino el Tribunal de Cuentas, hicieron actas de constatación y se realizaron sumarios administrativos a los empleados que intervinieron en esas gestiones y expedientes. Algunos de ellos fueron suspendidos a resultas de lo que diga la justicia”, subrayó Capdevila.
Y detalló: “se trata de una licitación de 2 millones de pesos por compra de elementos para la Dirección Provincial de Energía que se abonó en su totalidad y no existe ninguna entrega. Además, aparentemente las constancias eran falsas”.
“La investigación y el alcance de la participación en estos actos ilícitos los determinará la Justicia. Hay que resaltar que no es el único caso y se están investigando más expedientes irregulares que podrían dar lugar a otras denuncias”, remarcó el funcionario.
Respaldo del Ministerio de Obras Públicas
Por su parte la ministra de Obras y Servicios Públicos, Gabriela Castillo, se refirió a la y señaló que “estamos cumpliendo con la responsabilidad que tenemos como funcionarios públicos”.
Castillo explicó que “hemos llegado a esta instancia tras un proceso silencioso de trabajo e investigación, con información aportada por los órganos que tienen que tomar intervención como es el Tribunal de Cuentas de la Provincia (TCP) -que es quien fiscaliza las contrataciones del Estado-, y con esa información la indicación del cuerpo de abogados del Gobierno que nos señaló que realicemos la denuncia penal ante la justicia”.
“Cabe recordar que la denuncia se dio, tras corroborar el pago de dos millones de pesos a la empresa Ingeniería 65 S.R.L., por la adquisición de material que nunca fue entregado”, sostuvieron desde la provincia.
Consultada sobre la existencia de un remito firmado, la Ministra explicó claramente que “los materiales no están en la DPE y se llega a esta instancia porque se ha corroborado eso”. Igualmente dijo que “no deja de ser menos grave si alguien firmó un remito recibido para que se efectúe el pago y que no estén los elementos. El pago se debe efectuar en la certeza que los materiales ingresaron y esto no fue así”.
En esta línea Castillo dijo que hay dos acciones de investigación, una administrativa que está en curso y una presentación en la justicia penal realizada el viernes pasado a través de la Fiscalía. “Será la sumariante (en la vía administrativa) y la justicia, quienes determinen quiénes son las personas involucradas y responsables de esta situación, y que desde la gestión presumimos irregular, avalado por los informes del TCP y por indicación de la Secretaria Legal y Técnica de la gobernación” detalló.
“Estamos cumpliendo con la responsabilidad que tenemos como funcionarios públicos, de acercar a la justicia una situación donde advertimos una presunta comisión de delito e irregularidad, y será la justicia quien determine la responsabilidad en cada uno de los puntos de la marcha del expediente” finalizó.
