a Ministra de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, Adriana Chapperón, consideró inapropiado que el CECU (Centro de Empleados de Comercio de Ushuaia) junto a trabajadores de limpieza de la empresa DNZT, monten piquetes en oficinas públicas cuando se trata de diferencias laborales entre privados.
Para la funcionaria no hay dudas de que se trata de una acción “con un claro tinte político” que busca perjudicar la imagen del Gobierno de la Provincia.
Chapperón consideró “hay un claro tinte político detrás de esta disputa que busca perjudicar al Gobierno provincial, más teniendo en cuenta quién dirige el CECU, es el actual secretario de Gobierno de la Municipalidad de Ushuaia Pablo García”.
Cabe destacar que el Centro de Empleados de Comercio de Ushuaia reclama a la empresa DNZT la aplicación del Convenio Colectivo de Trabajo, mejora en las condiciones laborales y presuntos despidos que la firma llevó a cabo durante la pandemia. Durante esta semana montaron piquetes frente al Ministerio de Salud, en avenida Alem y el San Martín frente a las oficinas de la Agencia de Recaudación Fueguina.
“Nos llama la atención esta repentina beligerancia del gremio, siendo que esta empresa está contratada desde hace más de dos años” para realizar el servicio de limpieza de dependencias estatales como el Hospital, los CAPS y la AREF. La ministra también remarcó que “el gremio decidió no manifestarse en la sede de la empresa, que es donde deberían hacerlo y que las protestas se llevan a cabo en la AREF y el Ministerio de Salud”.
Chapperón recordó además que “al Gobierno provincial no le corresponde resolver el reclamo de encuadre gremial de los trabajadores de la empresa, ya que esa facultad le concierne al Ministerio de Trabajo de la Nación”.
“Gobierno de la provincia ha mediado en el conflicto; nos hemos comunicado con los responsables de la empresa pidiendo que lleguen a un acuerdo, y desde la empresa manifiestan que los trabajadores están correctamente encuadrados y que esperan que el Ministerio de Trabajo de la Nación les dé la razón” señaló la funcionaria.
La Ministra recalcó también que al momento no existen causales para dar de baja el contrato con DNZT, y que una rescisión unilateral “significaría un juicio contra el Estado”.
Por su parte desde el gremio sostiene que el Gobierno es responsable por permitir que los trabajadores no reciban el monto salarial que le corresponde por Convenio Colectivo de Comercio, que cobran poco más de 30 mil pesos cuando el sueldo por convenio debería ser de 62 mil pesos. Además cuestionan que el Gobierno permita que estén agremiados a un gremio de maestranza que no tiene prácticamente representación en Tierra del Fuego.
