Dos estudios jurídicos y una consultora asesoran al gobierno
Reestructuración de la deuda pública provincial

Dos estudios jurídicos y una consultora asesoran al gobierno

La consultora Deloitte y los estudios jurídicos Tavarone, Rovelli, Salim & Miani y Clifford Chance fueron contratados por el Ejecutivo para que lo asesoren en el proceso de renegociación de la deuda pública provincial que ronda los 19 mil millones de pesos, de los cuales más de 12 mil millones corresponden al Bono TFU27.
07/09/2020
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n el marco del Programa de Reestructuración de la Deuda Externa Pública Provincial lanzado por la Provincia a fines del mes de julio, se concretó una reunión de trabajo “donde se analizaron los distintos retos desde el punto de vista financiero, en medio de la actual crisis, y ante el imperativo de tener que aliviar nuestras finanzas lo más pronto posible”, según precisó el ministro de Finanzas, Guillermo Fernández.
El responsable del manejo de las cuentas públicas informó que la Provincia cuenta “con el asesoramiento de una empresa de gran prestigio como es Deloitte, junto con los estudios Tavarone, Rovelli, Salim & Miani y Clifford Chance”, a la vez que agradeció “el decidido acompañamiento por parte del Gobierno Nacional a través de Unidad de Apoyo de la Sostenibilidad de la Deuda Pública Provincial”.
Fernández sostuvo que “actualmente el peso del endeudamiento asumido en dólares por la gestión anterior y garantizado con las regalías hidrocarburíferas,  es muy grande y además está consumiendo el total de los fondos que ingresan en concepto de regalías”.  Señaló que “el bono vence en 2027 y todavía faltan cancelar 170 millones de dólares más intereses; por lo que al tipo de cambio vigente, estamos hablando de más de 12.600 millones de pesos, lo que representa aproximadamente el 66% del total de deuda de la provincia”, que asciende a más de 19 mil millones de pesos. De ese total, durante 2021 la Provincia debe afrontar vencimientos de capital e intereses por casi 6.500 millones de pesos (41% a intereses y 59% a amortización de capital), lo que representa un 10% de la estimación de gastos del Poder Ejecutivo Provincial. Del monto mencionado,  unos 3.500 millones corresponden al Bono TFU27 y los 3.000 millones restantes a la devolución de préstamos obtenidos del Gobierno nacional, del Fondo Federal de Infraestructura Regional, del Fondo Fiduciario de Desarrollo Provincial, del Fondo de Garantía de la ANSES, más la cancelación de convenios de pago de deuda con la Caja de Jubilaciones y  la Obra Social y al pago de la compra en cuotas del edificio de Casino Club en Ushuaia.
En lo que hace específicamente a la pago del Bono por 200 millones de dólares colocado por la durante la gestión Bertone para obtener fondos para financiar diversas obras en la Provincia, Guillermo Fernández señaló que “en lo que va del año se han cancelado 3 cuotas de las 4 que corresponden por año, y desde que asumimos hemos pagado sólo por esta deuda más de 1.600 millones de pesos y aún restan otros 630 millones pesos antes de finalizar el año. Serían más de 2.200 millones en 2020 sólo por este crédito, una suma similar a todo lo que tiene ya erogado la provincia por subsidio del gas más aportes a los colegios privados, Red Sol, RUPE, PEL, y demás asistencias”.
Explicó que en función de las variables macroeconómicas nacionales “estimamos una depreciación del peso del orden del 40%” por lo que “las sumas a pagar en concepto de intereses y amortización ascenderían a más de $ 3.500 millones de pesos, equivalente a la mitad del plan de obras presupuestado para 2021”.
En cuanto al objetivo planteado por la Provincia en la restructuración de deuda pretendida, dijo que “nuestra intención, por sobre todas las cosas, es asegurar el pago del compromiso asumido entendiendo que deben imperar términos más razonables que los vigentes”, tanto “por el notorio impacto negativo que ha tenido sobre nuestra capacidad de cumplimiento la crisis del coronavirus, que ha socavado la base económica provincial”, como así también “porque es nuestra obligación lograr que sea sustentable el Estado Provincial y la atención de los diversos servicios esenciales para los diferentes sector de nuestra sociedad, y porque un proceso de reestructuración basado en el diálogo y el acuerdo mutuo es la mejor manera de preservar los derechos patrimoniales de los tenedores del bono provincial, quienes ante la insustentabilidad evidente actual podrían ver frustrada su expectativa de cobro en el tiempo” indicó el titular de Finanzas.   
En lo referido a las contrataciones de la consultora Deloitte y de los estudios jurídicos Tavarone, Rovelli, Salim & Miani y Clifford Chance, es de tener en cuenta que si bien estas se concretaron en el marco del Programa de Reestructuración de la Deuda Externa Pública Provincial, el pasado 29 de julio el Ministerio de Finanzas Públicos dispuso, mediante resolución 441/20, ampliar el marco de la contratación “al conjunto de la operaciones de crédito público” contraídas por la Provincia.

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