ste día un peón es interceptado por dos carabineros en Cerro Castillo y le exigen el certificado de “propiedad del caballo. Pedro Alvarado busca el documento y no lo encuentra, argumentando que lo tenía en su pieza”. El uniformado se ofrece para acompañarlo, pero en el camino, el peón encuentra el papel solicitado en un bolsillo del cinturón. Esto provoca la ira del carabinero, que lo lleva hasta el retén, donde lo atan y le empiezan a dar “sablazos y patadas en el estómago”, dejándolo en muy mal estado (Ramón Arriagada. La rebelión de los tirapiedras).
El padre, ante la agonía del joven, decidió embarcarlo hacia Punta Arenas, pero muere en el trayecto. La autopsia determinó que el fallecimiento se produjo por “una peritonitis supurada y generalizada por ruptura intestinal”, ocasionada por los golpes.
La Federación Obrera Magallánica (FOM) denunció las continuas arbitrariedades de los carabineros a las que eran sometidos los trabajadores y organizó “funerales multitudinarios” que “se transformaron en un acto de protesta de la gente contra el accionar de los soldados”, del que ya había varios antecedentes.
Los dirigentes de la FOM consideraron que el despliegue del juez era toda una pantalla, porque creían “que no habría penalización”, dado que los carabineros terminarían en la justicia militar, donde sería sellada su impunidad.
Los ánimos se fueron caldeando y la prensa obrera opinó que “El pueblo trabajador no puede ya vivir tranquilo con la amenazada de bandidos y asesinos disfrazados de uniforme y amparados por el fuero militar” (El Socialista, 28/9/1917).
La exigencia de justicia se tradujo en una masiva manifestación en la plaza Muñoz Gamero. “Estuvieron presentes delegaciones procedentes de Puerto Natales y de las estancias cercanas a Punta Arenas”. En el acto “todos manifestaron el deseo de ver terminados todos los abusos y que todos los funcionarios fueran celosamente respetadores del derecho y del la Ley, pues si no lo hacen despertarán en el pueblo la necesidad de hacerse justicia por sí mismos”.
En una carta dirigida al gobernador, la FOM denunció que “ante este hecho siniestro el pueblo contempla horrorizado la implantación del régimen del terror en nuestro territorio”, y exigieron “garantía de vida y de paz” (op.cit.).
Eran las primeras confrontaciones sociales que se sucedían en la región.
