l consejo consultivo para la reforma judicial nacional, que integra la jueza del Superior Tribunal de Justicia de la provincia, María del Carmen Battaini, “intensificó las reuniones” y prepara un dictamen con recomendaciones para elevar al Gobierno Nacional, aunque “sigue debatiendo temas clave sobre los que aún no existe consenso”, adelantaron a EDFM fuentes pertenecientes al organismo.
El comité de expertos convocado por el Presidente Alberto Fernández a través del decreto 635 de este año comenzó a funcionar el 18 de agosto con un plazo de deliberaciones de 90 días, por lo que debería finalizar su tarea cerca del 18 de este mes.
Para ello, sus 11 integrantes comenzaron a intercambiar bocetos y proyectos sobre el documento final que girarán al Ejecutivo, si bien todavía “persisten diferencias y puntos de vista acerca de algunos temas”, mencionaron las fuentes.
“Las reuniones se intensificaron en las últimas jornadas. Hay mucho intercambio pero sigue sin haber definiciones en varios de los asuntos tratados”, señaló uno de los voceros que participa de las deliberaciones.
También dijo que aunque abundan propuestas y proyectos, “nadie aventura una definición sobre los temas más candentes. Los debates siguen siendo muy ricos, muy interesantes, pero el resumen de recomendaciones, que va a ser la respuesta al decreto 635, está muy lejos de ser definido. Cada miembro está pensando muy bien su aporte”, agregaron las fuentes consultadas.
El llamado Consejo Consultivo para el Fortalecimiento del Poder Judicial y el Ministerio Público está conformado por Claudia Beatriz Sbdar, Hilda Kogan, María del Carmen Battani, Marisa Herrera, Inés Weinberg de Roca, Carlos Alberto Beraldi, Andrés Gil Domínguez, Omar Palermo, Raúl Gustavo Ferreyra, León Arslanian y Enrique Bacigalupo.
Para tratar los cinco temas que componen su objeto de creación, el cuerpo mantuvo reuniones con integrantes de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de la Magistratura, de los colegios de abogados, de los ministerios públicos (Fiscalía y Defensa) de la Cámara de Casación, de organismos de Derechos Humanos y de organizaciones sociales como Fundejus (Fundación de Estudios para la Justicia), entre otras.
Algunos de la entidades que participaron de los encuentros efectuaron pedidos concretos a la comisión, como la “Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires” (Jufejus) que planteó la necesidad de limitar el tipo de causas que llegan desde cada jurisdicción a la Suprema Corte.
Los representantes de Jufejus entendieron que la Corte debería entender solamente en casos derivados de las provincias cuando importen alguna interpretación de la Constitución, pero no cuando se presuma una interpretación arbitraria de las normas, como ocurre en la actualidad.
La entidad también se pronunció a favor del traspaso de la jurisdicción penal nacional (no federal) a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).
Según el decreto 635, el consejo debe realizar una "descripción valorativa con especial indicación de los problemas que se observan para el correcto funcionamiento de la Corte Suprema, del Consejo de la Magistratura, del Ministerio Público Fiscal y del Ministerio Público de la Defensa".
Asimismo, la norma precisa que los juristas convocados deben analizar el "sistema de juicios por jurados" y los "criterios para dar cumplimiento de la manera más eficaz al mandato constitucional".
También, la comisión debe evaluar el "modo de finalizar el proceso de transferencia de competencias en materia penal no federal a la Ciudad de Buenos Aires y la manera de reasignar funciones" al actual fuero Nacional en lo Criminal y Correccional porteño.
Entre esos temas, la posible recomendación para ampliar el número de integrantes de la Corte Suprema (actualmente conformada por 5 miembros) es uno de los asuntos que más atención acapara.
Según los voceros consultados, “ni sobre ello ni sobre varios de los demás temas existen definiciones tajantes. Hay proyectos pero no posturas definitivas”, insistieron las fuentes.
