e acuerdo a un informe elaborado por el IPRA y por Desarrollo Humano, al día 10 de agosto de 2020 se cuenta con un saldo en la cuenta recaudadora de $4.990.550, en concepto del programa de Financiamiento Médico – Asistencial de Pensiones Especiales (RUPE), creado por ley 1269.
El fondo permite complementar los recursos para atención de salud de las personas con discapacidad, y se financia con lo recaudado por el 2,5 de retención que se aplica a los premios ganados en la Quiniela Fueguina, tanto en las ciudades de la provincia como aquellos que se juegan en Córdoba y en Buenos Aires.
La ley fue sancionada en diciembre de 2018 y promulgada en enero. Tres meses más tarde fue reglamentada por la entonces gobernadora Rosana Bertone, a partir de la cual se puso en vigencia. Así, desde marzo de 2019 a julio de 2020 se pagaron más de $4 millones a ese fondo.
De acuerdo al informe, en julio sucedió la mayor recaudación con la suma de $532.290. En el otro extremo, el mes de menor ingresos fue mayo de 2020 con $103.369; esto fue producto de la inactividad en los juegos de azar.
En cuanto al detalle de recaudación, en el informe se consigna el período diciembre 2019 a agosto de 2020, pero sin contabilizar abril, debido a que ese mes no hubo actividad por las restricciones de la cuarentena obligatoria ante la crisis desatada por la pandemia COVID-19.
La recaudación lograda fue la siguiente: diciembre $338.255,26; enero $340.056,24; febrero $322.112,99; marzo $265.149,99; mayo $103.369,61; junio $364.837,80; julio $532.290,16; agosto $395.349,53. Es de destacar que en mayo se observa una abrupta caída en la recaudación, motivo por la inactividad en los juegos de azar.
El Fondo para el Financiamiento Médico- Asistencial RUPE destinado a la financiación prestacional de las atenciones médicas de los beneficiarios del Régimen Único de Pensiones Especiales, tiene carácter de Cuenta de Afectación Específica; dice la ley, donde además se consigna que formará parte del cálculo de recursos del Presupuesto General de la Provincia.
Cabe indicar que la ley obliga tanto al IPRA como al organismo de gobierno encargado de administrar el Fondo Especial, a realizar un informe trimestral que contenga monto mensual recaudado y porcentaje de prestaciones solventadas.
