l Poder Ejecutivo cuenta como 11 días hábiles para solicitar a la Legislatura que prorrogue la vigencia de la ley que declaró la emergencia económica, fiscal, financiera y social. La norma, sancionada el 28 de mayo, de 2020, prevé que esa emergencia finalice el jueves 31 de diciembre, pero contempla la posibilidad de ser prorrogada “por 1 año por el Poder Legislativo, a solicitud del Poder Ejecutivo, previo informe circunstanciado”.
Mediante esa ley, la Legislatura autorizó al Poder Ejecutivo a utilizar temporariamente hasta 2.000 mil millones de pesos de los recursos obtenidos por la emisión del Bono TFU27, sus colocaciones financieras y resultados por tenencia, para financiar el programa de recuperación económica y social (Progreso). Además se creó el fondo de asistencia económica COVID-19 para el otorgamiento de subsidios no reintegrables a micro, pequeñas y medianas empresas, cooperativas, asociaciones civiles, mutuales y cuentapropistas que se, financia con el producido de la recaudación de la alícuota sobre los ingresos brutos a la actividad bancaria, y que rige mientras dure la emergencia declarada por la ley 1312.
Pero esta no es la única emergencia que está en tiempo de descuento, ya que el domingo 3 enero del próximo año, perderán vigencia las tres leyes que declararon la emergencia del sistema sanitario, la emergencia de la infraestructura educativa en los establecimientos de gestión estatal y la emergencia de infraestructura y equipamiento portuario. Para que se cumpla ese plazo restan poco más de 20 días hábiles, pero unas 2 semanas para que concluya el período de sesiones ordinarias que fue extendido hasta el jueves 31 de diciembre.
Si bien las leyes 1303, 1304 y 1305 prevén la posibilidad de prórroga por 1 años más, para que ello ocurra debe mediar petición expresa del Ejecutivo a la Legislatura, y en forma previa la presentación de un informe técnico que justifique la solicitud de extensión de la vigencia de esas emergencias.
Mediante la emergencia del sistema sanitario se establecieron mecanismo de excepción para agilizar los procesos de contrataciones de bienes de consumo, servicios no personales, bienes de uso, obra pública e incorporación de profesionales y técnicos.
La ley de emergencia del sistema sanitario también estableció procesos abreviados la contratación de las obras de mejoramiento de los edificios escolares. En tanto que la de emergencia de infraestructura y equipamiento portuario contempló lo propio para la Dirección Provincial de Puertos, e inclusa facultó al ente a contratar directamente obras, provisiones, instalaciones y montajes considerados de relevante interés público por razones de urgencia, de especialidad, ecológicas, de avance tecnológico y de mejoras significativas del servicio portuario.
