4 años de su sanción, el Poder Ejecutivo presentó un proyecto de derogación de la ley que a fines de 2017 estableció un régimen de retiro anticipado para el personal de los tres poderes del estado provincial, reparticiones, organismos centralizados y descentralizados, entes autárquicos, empresa del estado, Tribunal de Cuentas y Fiscalía de Estado al que podían acogerse los agentes de planta permanente que hubieran ingresado al estado antes del 1 de enero de 2016.
Para la gestión Melella “el marco situacional en el que la Ley Provincial 1200 fue sancionada respondió a necesidades de tipo organizativas circunscriptas exclusivamente a una situación de contexto nacional y local alejada de la realidad actual”, por lo que se entiende “que las circunstancias fácticas que sustentaron la aprobación del régimen, tras una reconfiguración del rol del Estado impuesta en el marco de la actual pandemia, han alterado el sentido de oportunidad de su vigencia, debiéndose brindar la posibilidad de evaluar su continuidad y considerar la conveniencia de proceder a su eventual derogación”.
En el mensaje de elevación se plantea “que continuar con la vigencia de una Ley Provincial que infiera la posibilidad de una reapertura del padrón para acceder al retiro anticipado por parte del personal de la Administración, en el marco del actual contexto, pone en estado de incertidumbre la capacidad de respuesta de los servicios que presta esta Administración, amenazando la continuidad de las medidas implementadas hasta el momento (…) motivo por lo que resulta de toda razonabilidad tomar nuevas medidas que representen con mayor fidelidad la defensa de los intereses de una sociedad atravesada por nuevos paradigmas propios de los actuales desafíos imperantes, alejados de aquel contexto provincial y nacional al amparo del cual se decidió instituir un régimen de retiro anticipado”.
El Gobernador señala que “resulta oportuno considerar que, tras el advenimiento de la pandemia por COVID-19, el Gobierno Nacional y el Gobierno Provincial han tomado distintas medidas orientadas a paliar los efectos generados por la crisis sanitaria en curso, incrementando los niveles de intervención de las acciones estatales, en solidaridad con la situación económica y social que afecta a la sociedad en su conjunto, bajo el propósito supremo de restablecer el curso de orden y bienestar general previo a la emergencia”, y que “frente a este cuadro inédito y excepcional, el Gobierno de la Provincia debió atender de manera urgente las necesidades más acuciantes demandadas por la población, brindando asistencia en materia de alimentos, abrigo, atención médica y ayudas económicas por transferencias dinerarias directas sin y con contraprestación, en resguardo de la supervivencia de los intereses de los fueguinos y asegurando la continuidad de la comunidad organizada”.
Señala que la situación descripta “incrementó necesariamente la demanda de la acción estatal, generando un aumento en la potencia de sus acciones, lo que, en efecto, requirió fortalecer la labor llevada adelante por los agentes de la Administración Pública en relación a la atención de todo asunto vinculado a los nuevos desafíos que la pandemia mundial propuso a esta gestión de gobierno” y que ello “requirió un mayor esfuerzo de coordinación entre las áreas del Estado y la implementación de una logística particular en la organización de dotación de personal estatal de planta permanente y no permanente, el cual se tornó insuficiente para hacer frente a los nuevos desafíos, afectado por medidas de aislamiento social, preventivo y obligatorio, congelamiento de vacantes y regímenes de retiro voluntario, que, bajo el presente contexto, no han hecho más que poner en riesgo el buen desempeño del servicio administrativo”. Además asegura que “los nuevos dispositivos, actividades, programas, planes, proyectos y acciones que fueron puestos en marcha con el objeto de atender las necesidades básicas de todos los fueguinos, han reconfigurado el rol del Estado y los criterios consensuados respecto a su dimensión, tamaño y nivel de intervención”.
Más allá de esos argumentos, precisa que el cambio propuesto “sobre el orden jurídico, en nada altera los derechos adquiridos por los beneficiarios del régimen de retiro anticipado, quienes no verán modificada su situación de cobro del beneficio aceptado, ni los efectos jurídicos en su relación con el Estado empleador ya extinta, toda vez que la derogación propuesta elimina el régimen para el futuro, pero preserva todo lo realizado en el marco de su vigencia”, y destaca que tal extremo queda debidamente resguardo en el texto del proyecto en cuestión.
