a ministra de Obras y Servicios Públicos, Gabriela Castillo se refirió al veto dispuesto por el Ejecutivo capitalino a la ordenanza que autorizaba la construcción del Centro de Rehabilitación en Ushuaia y que fuera aprobada por unanimidad por los concejales.
La funcionaria indicó que el argumento a dicha decisión surgió de un dictamen de la Secretaría Legal, que hace referencia a un informe de la Secretaría de Hábitat “donde su titular, Lorena Henriques Sanches plantea que el proyecto no pasó por la Comisión de Planeamiento Urbano”.
“Acá hay un desconocimiento normativo porque no es una obligación que la COPU apruebe el proyecto para que salga una ordenanza, porque la voluntad es soberana con el voto de los concejales” interpretó la funcionaria provincial.
Castillo detalló que el proyecto, fue presentado al Municipio “el 1 de diciembre, cuando ya se encontraba aprobado por el Gobierno nacional, y se trabajó en el área de planeamiento urbano con la arquitecta Felcaro para poder ingresarlo a la reunión de comisión prevista para el 4 de diciembre”.
“Ese día lo sacan de la orden del día, por lo cual el 5 de diciembre el concejal Romano presenta el proyecto sobre tablas para tener la aprobación de estos indicadores urbanos, la cual se logró por unanimidad de los concejales el 9 de diciembre”, pero posteriormente el proyecto fue vetado por el Intendente.
Para Castillo no era necesario que la Comisión de Planeamiento Urbano diera la aprobación ya que en la misma manzana funciona un Centro de Salud privado y a una cuadra se encuentra el Hospital Regional Ushuaia”, por lo entendió que el veto “se trata de una cuestión de mezquindad política que pone en juego la rehabilitación de los fueguinos” y que “es necesario que sea revisada por del Intendente” ya que se trata de “una incongruencia, una falta de sentido común y de un desconocimiento técnico”. Dijo además que existe el caso de obras de privados que se han habilitado sin pasar por la COPU, e incluso obras del Estado municipal, como por ejemplo la Casa de la Mujer, que se han aprobado sin pasar por la Comisión de Planeamiento Urbano.
Agregó que en esto “hay una intención política que no entiendo, donde frente a esta definición política que está alineada al Gobierno Nacional hoy hay una decisión municipal que contradice esa voluntad del Gobierno Nacional que dio financiamiento a este Centro de Rehabilitación”.
La Ministra adelantó que desde la Provincia se apelará a que el estado municipal retrotraiga la medida. “En primera instancia uno le pide empatía, porque es lo que primero que acá no hubo, el ponerse en el lugar del otro que hoy son las personas con discapacidad y sus familias. Si esto no sucede veremos de qué manera lo destrabamos, porque esta obra pública no es un capricho, sino la posibilidad de restituir derechos a las personas con discapacidad en la provincia y que requieren tratamientos que hoy la provincia no puede ofrecer” indicó.
El Gobierno ya realizó el 17 de diciembre el llamado a licitación para la obra, y la apertura de sobres está prevista para el miércoles 20 de enero.
