n la edición de este mes, la revista ‘National Geographic’ define a la región patagónica como un “espacio abierto a la ocupación internacional”, en donde su territorio y sus recursos aún “esperan al afortunado”.
A esta afirmación, añadieron que “la Patagonia cuenta, por ejemplo, con cerca de 230.000 km2 de cuencas de recursos hídricos, 4.000 km2 de superficie sobre el área de los hielos continentales y glaciares, y cuenta, en síntesis, con una de las mayores reservas de agua dulce del planeta, más una potencialidad en términos de reservas de hidrocarburos y minerales todavía no del todo conocida y una muy interesante perspectiva en términos de ser fuente de nuevas formas de energía. Por esa razón, no debería sorprender que la región venga crecientemente siendo sinónimo de conflictos por la apropiación de sus tierras y sus recursos, aunque estos no sean masivamente dados a conocer” (Guido Galafassi, citado por Maristella Svampa y Enrique Viale en Maldesarrollo).
Luego de la devaluación de 2002, se “abarató mucho el costo de la tierra en otras monedas, con lo cual la Patagonia se convirtió rápidamente en una inversión atractiva, una suerte de ‘destino Premium’ para aquellos magnates extranjeros que buscaban conjugar el goce de los paisajes primarios con la absoluta privacidad”. A partir de entonces “el escenario de la Patagonia es más o menos el siguiente: Benetton controla un millón de hectáreas, Douglas Tompkings, 150 mil ha. (y otras tantas en el Iberá); Joe Lewis (con el lago Escondido incluido), 18.000 ha. en Chubut; Ted Turner (uno de los pioneros), 55.000 ha. en Neuquén y Tierra del Fuego; Ward Lay, el magnate de las papas fritas, 80.000 ha. en Alicurá (…) Se estima que el 10% del territorio argentino está en manos de propietarios extranjeros (la Federación Agraria Argentina –FAA- llegó a hablar de 27 millones de hectáreas; otros reducen esa cifra a 17 millones, esto es el 5% de las tierras)” (M. Svampa y E. Viale).
La Ley 26.737, aprobada en 2011, limitó al 15 por ciento del territorio nacional la venta a empresas o particulares extranjeros y restringió a mil hectáreas la superficie de los terrenos que pueden ser adquiridos por los foráneos. Aunque fue presentada como un límite a la extranjerización de tierras, en los hechos “terminó ‘legitimando’ o ‘legalizando’ el acaparamiento de tierras ya existente” (op.cit.).
