ste día, el Superior Tribunal de Justicia difunde el fallo que condena post mortem al ex senador José Martínez por haber criticado, diez años atrás, en los fundamentos de un pedido de juicio político, al fiscal de Estado Virgilio Martínez de Sucre.
Martínez había solicitado, en su carácter de director del IPAUSS, el juicio político de Martínez de Sucre por ser “cómplice (…) de los grandes intereses políticos y económicos que han vaciado a la provincia”.
Martínez falleció en 2011, en un accidente de tránsito, y el fiscal continuó el proceso judicial contra su familia.
El juez Gonzalo Sagastume (el único que fundamentó su voto) declaró que, en el pedido de juicio político, “Martínez abusó de su derecho a la libertad de expresión y afectó el honor del funcionario demandante (…) Resultaba suficiente la sola presentación del pertinente juicio político y, en todo caso, la mención de los motivos y críticas coadyudantes a tal presentación, sin incurrir en innecesarios juicios morales y éticos sobre la persona del funcionario” (El Diario del Fin del Mundo, 15/5/2012).
El insólito fallo generó innumerables críticas. El jefe de fiscales de la Provincia, Oscar Fappiano, declaró que la sentencia fijó un nuevo techo para la libertad de expresión en la provincia.
La sentencia fue catalogada como un “severo ataque a la libertad de expresión en el país”, tanto por la ONG Participación Ciudadana, como por el Sindicato de Prensa de Ushuaia, ATE y otros gremios locales.
El legislador (MC) Manuel Raimbault calificó la sentencia como “una degradante mordaza a la sociedad” y lamentó que “mientras un funcionario criticado se va a quedar con dinero de la familia del que lo criticó, toda la población se va a quedar con menos libertad que antes para poder expresarse”.
En tanto, la senadora nacional María Rosa Díaz afirmó que el fallo tenía “un único mensaje: callate porque si no te puede ir mal”.
También expresaron su rechazo miembros del gabinete provincial como Guillermo Aramburu y Daniel Ravaglia, y el senador Osvaldo López.
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) se presentaron ante el STJ y consignaron que Martínez de Sucre actuó con “animosidad contra la familia del ex senador” y que “hay un trasfondo personal, político y económico de muchos años”. Lo interpretan “como un acto de venganza” (Clarín Mujer, 3/6/2012).
