n la edición de este día, el diario ‘El Patagónico’ publica un artículo dedicado a la preocupante criminalidad que afecta a la ciudad chubutense. En virtud de esa situación “tras varias violaciones y otros dos intentos, la directora asociada para el área externa del Hospital Regional de Comodoro Rivadavia, Alicia Sampaolesi, propuso repartir silbatos a mujeres para alertar sobre situaciones de riesgo en la zona centro de la ciudad” (citado por Maristela Svampa. 20 mitos y realidades del fracking).
En el mismo sentido, la notoria criminalidad tuvo repercusión en los medios nacionales: “Comodoro es una de las ciudades argentinas con el índice más alto de la criminalidad”. Para alcanzar ese nada envidiable índice, daban cuenta de 28 homicidios ocurridos entre enero y agosto de 2012. También se sindicaba que Comodoro era la ‘capital del crimen’, con una tasa de homicidios de 14,5 asesinatos cada 100.000 habitantes, casi tres veces superior al promedio nacional –la última fue de 5,5- (La Nación, 21/8/2012).
La ciudad petrolera también estaba en el centro de los comentarios vinculados a la trata de mujeres. “A partir de una investigación de la Unidad Fiscal de Asistencia en Secuestros Extorsivos y Trata de Personas de la Procuración General de la Nación (Ufase), pudo reconstruirse un círculo de trata que va desde Santa Rosa, capital de La Pampa, a la ciudad de 25 de Mayo, en el extremo sudoeste de esa provincia; de allí se extiende a la localidad vecina Catriel (Río Negro) y a las neuquinas Añelo, Cutral Có, Plaza Huincul y Rincón de los Sauces. Todas ciudades petroleras (…) existen conexiones entre las whiskerías de Comodoro Rivadavia y las de Caleta Olivia, que en algunos casos son regenteadas por una misma persona. En el documento se menciona el caso de un grupo de jóvenes que en 2004 logró escapar de un prostíbulo comodorense y denunció que las mujeres que allí eran explotadas habían sido traídas tanto de Salta y Jujuy como del exterior (…) El documento también señala los vínculos de los proxenetas con funcionarios públicos, empleados de empresas de transporte y telefonía móvil y empresarios hoteleros” (OPSur (21/4/2010, citado por Svampa).
El Concejo Deliberante y el propio intendente procuraban, bajo la apariencia de una regulación, de “crear una ‘zona roja’, en un sector destinado al asentamiento de burdeles” (Infobae, 8/4/2012, citado por Svampa).
