a Jueza Federal Mariel Borruto está a la espera de un informe que confirme si avanza la acusación de Trata de Personas con fines de explotación sexual por la cual el Fiscal Marcelo Rapoport requirió la investigación sobre la actividad en un “Privado” que funcionaba en Río Grande, en el barrio AGP, de donde fueron rescatadas tres ciudadanas dominicanas y por el cual quedó imputada una mujer de la misma nacionalidad que regenteaba el lugar y sobre quien se confirmó que había falseado su identidad porque estaba procesada en una causa que data de hace casi 4 años.
Se trata de Nancy del Valle Zelaya (44), quien junto a otros dos hombres fue procesada por un caso de agosto de 2017, acusada de conformar una organización delictual mediante la cual explotaban sexualmente al menos a cinco víctimas en situación de vulnerabilidad. La principal imputada habría realizado falsas ofertas laborales a las víctimas, en su mayoría oriundas de distintas provincias del norte del país, con el objetivo de que ellas pudieran obtener “beneficios económicos”.
Ahora, en el allanamiento que se realizó el pasado 9 de mayo, se puso al descubierto que está mujer seguía desarrollando la misma actividad que en 2017 y, además, en el mismo domicilio donde se hizo el procedimiento anterior, esto es en calle Benítez al 800, lugar donde personal de Gendarmería rescató a las dominicanas que ofrecían servicios sexuales.
Cabe indicar que Zelaya sigue en libertad, ya que solamente fue notificada de Derechos y Garantías y se ordenó la prohibición de salida de la provincia y del país.
De acuerdo a lo informado desde el Ministerio Público Fiscal, en principio, se considera a la imputada responsable del circuito de captación, traslado, alojamiento, explotación sexual y endeudamiento económico a mujeres que eran captadas de provincias del norte del país.
Las tres mujeres rescatadas quedaron bajo la protección y el acompañamiento de la Oficina de Políticas de Género, dependiente del Ministerio de Desarrollo Humano del gobierno de la provincia de Tierra del Fuego.
Ahora, con el informe que dispuso la Jueza Federal Mariel Borruto, se trata de determinar si las mujeres rescatadas se adhieren al programa de Atención a Víctimas de Trata de Personas, lo cual clave para determinar la situación procesal de Zelaya, ya que la Magistrada busca determinar si el delito califica con ese agravante o si se simplifica a un caso de facilitación de la prostitución.
Más detalles del caso
Desde la fiscalía se informaron más detalles sobre el inicio de la investigación, la cual surgió a partir de una denuncia anónima realizada en el 2018 en la línea telefónica gratuita 145 del Programa de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por Delito de Trata de Personas. En esa comunicación, la víctima relató su historia, dio datos del lugar y contó cómo operaba la tratante.
En su denuncia contó que las mujeres eran captadas desde distintas localidades del norte del país por medio de otras chicas, que recibían 1500 pesos a cambio, y que eran trasladadas en avión. Después -agregó- eran obligadas a quedarse en el “privado” hasta que abonaran la totalidad del pasaje y saldaran la deuda, lo cual nunca llegaba a suceder, ya que la imputada incrementaba los montos de forma constante.
A partir de la denuncia, la fiscalía comenzó con la investigación, en la que pudo constatar que la mujer que regenteaba el lugar se hacía pasar por otra persona y que además estaba procesada en una causa iniciada en el 2017, justamente por el delito de trata de personas agravado por abuso de vulnerabilidad.
A su vez, a través del análisis de otras pruebas la fiscalía pudo dilucidar que en el domicilio investigado se estaban ofreciendo "servicios sexuales" y expendio de bebidas alcohólicas, indicios compatibles con el modus operandi de los llamados “privados” que se han registrado en la provincia.
