ste día, el gobierno encabezado por José Arturo Estabillo firma con la Unión Transitoria de Empresas Ormas –Concic el contrato para la construcción del puerto Caleta La Misión. La adjudicación se fundó en que el monto propuesto (37.269.000 pesos) era inferior en un 23 por ciento a la oferta de Iglys –Diopsa y un 29 por ciento de la presentada por Dycasa. Ese ahorro se evaporó en muy poco tiempo.
En octubre de 1998, se convalidó la primera elevación del costo a casi 49 millones de pesos y se concedió a la UTE un anticipo del diez por ciento del monto total.
Diez meses después, se consintió un nuevo aumento llevando el costo a 62 millones de pesos.
Setenta días antes de dejar el poder, Estabillo paralizó las obras por falta de recursos y reconoció una cifra similar a la adeudada (18 millones de pesos) en concepto de gastos improductivos.
Con la asunción de Carlos Manfredotti, la Gobernación presentó la obra como el “Nuevo Puerto” y estimó su costo en 300 millones de pesos, sin contar todavía con un proyecto definitivo.
Poco después, la Legislatura aprobó la Ley 397, que estableció que el costo “no podrá superar la suma de pesos sesenta y tres millones”. No obstante, esta ampliación llevó su costo a sesenta y seis millones de pesos y agregó otros cuarenta y tres millones de dólares. Pero ambos rubros estaban sujetos a ajustes que podían determinarse “en el orden provincial y/o nacional”. Esto evidenció que se estaba aprobando una modificación del contrato antes de conocer sus cláusulas, que solamente serían discutidas por el Ejecutivo, con el aval anticipado de los legisladores.
En febrero de 2001, se homologó el convenio 4950, firmado con la UTE, que llevó el monto de la obra a 88.145.550 pesos.
En octubre de 2010, la gobernadora Fabiana Ríos firmó con la empresa Piedrabuena S.A., el consorcio francés IFEFI y la UTE Ormas - Andrade Gutiérrez una carta de intención para la reanudación de la obra.
Un año después, se adjudicó la obra a esas empresas, otorgándoles la concesión de la explotación del puerto por 40 años, dejándose sin efecto la demanda por gastos improductivos. El financiamiento de la obra se realizaría con los fondos del denominado Fideicomiso Austral.
El monto de la finalización de la obra, ya ascendía a U$S 183.000.000, que fue objetado por el Tribunal de Cuentas y rechazado por la Legislatura.
