lrededor de esta fecha, una familia que circulaba por las inmediaciones del Batallón de Infantería de Marina N°5, habría sido advertida por un centinela, quien, aparentemente, no fue escuchado. Como consecuencia de ello, muere Marcela Andrade, de 9 años “cuando en circunstancias nunca esclarecidas le dispararon desde el interior del BIM 5", reveló un comunicado de la multisectorial fueguina de derechos humanos (Telam, 06/09/2020).
Yolanda Dips, referente de la entidad, agregó que "según una de las versiones, la familia estaba paseando, le dieron la voz de alto y luego le dispararon al auto hiriendo de muerte a la pequeña".
Otro de los casos fue el de la maestra Florencia Angélica Rojas, quien el 13 de diciembre de 1982 recibió un balazo disparado desde el casino de oficiales del BIM 5 y murió a las pocas horas en el hospital de la ciudad.
El batallón estaba a cargo del capitán Carlos Robacio, y según la entidad, el caso "nunca se investigó", "no hay registros oficiales del hecho" y los familiares recibieron cómo única explicación por parte de Robacio que "un grupo de militares estaban pasados de copas y uno disparó".
El proyecto de declaración del senador Pablo Blanco, que propuso que esa unidad militar sea declarada como "bien histórico nacional”, puso en el candelero esta historia que permanecía oculta sobre crímenes que quedaron impunes durante la dictadura cívico militar.
La entidad defensora de los derechos humanos sostuvo que aunque es reconocido el desempeño de miembros de la guarnición militar durante la guerra de 1982, en especial por "la defensa de monte Tumbledown frente a las tropas del Reino Unido", varios de los jefes del batallón fueron "partícipes directos del terrorismo de Estado, y aplicaron tormentos, torturas y estaqueamientos a sus propios soldados". Esta última denuncia formó parte del proceso judicial que se desarrolla en el Juzgado Federal de Río Grande.
El BIM 5 es una institución muy arraigada entre los riograndenses por su "incuestionable vinculación con el crecimiento de la ciudad en una zona patagónica de frontera" y por la "participación de algunos de sus integrantes en la guerra de Malvinas de 1982", reconoció Dips. Sin embargo, esas circunstancias "no pueden tapar los crímenes" que comenzaron a salir a la luz a partir del proyecto para preservar las instalaciones del batallón (op.cit.).
