ste día, el comisario de Río Grande Ignacio Igarzabal se ve obligado a renunciar a su cargo debido a las acusaciones de maltrato a numerosos nativos selknam. Esas imputaciones no impidieron que luego fuera nombrado en la comisaría de San Sebastián, en reemplazo del comisario Santa Coloma que sufría un pedido de exoneración (Oscar Domingo Gutiérrez. Temprano Río Grande).
Unos meses antes, había comenzado en Punta Arenas una investigación judicial por reiteradas denuncias de maltratos y crímenes contra nativos. Ese proceso judicial fue uno de los escasos iniciados a pesar de las numerosas evidencias existentes sobre el genocidio en curso. Tuvo la particularidad de que las víctimas no fueron citadas a declarar y tampoco constaron sus nombres, mientras que los que prestaban declaración solo eran los acusados, de quienes sí constaban sus nombres y apellidos, que invariablemente negaban la imputación.
La principal acusación estaba centrada en los directivos de la Sociedad Explotadora de Tierra del Fuego (SETF) y el personal armado que contrataba para las operaciones represivas contra los selknam. La presentación de la “SETF y la presión en forma personal sobre el Ministerio de Justicia en Santiago de Chile y sobre el Ministerio de la Corte en Valparaíso, el Sr. Manuel A. Cruz, finaliza con el ‘sobreseimiento de los empleados de la SETF’” (Nelly Iris Penazzo. Revista Impactos N°88. Punta Arenas, enero de 1997).
En esos meses, la poderosa corporación ganadera de la familia Braun formulaba reiterados pedidos a las autoridades chilenas para erradicar ‘manu militari’ a todos los selknam de Tierra del Fuego. Esa solicitud pretendía oficializar las acciones llevadas a cabo por los mercenarios que implementaban “la captura–traslado de todos los indios terrafueguinos a la isla Dawson; a otras islas o a tierra firme en la Patagonia”. Parte del plan de esa corporación ganadera para lograr “que se efectivice el pedido pasaba por ‘forzar a las tribus a migrar a territorio argentino’. Esto influye en la problemática indígena en Argentina”.
“Así se cierra el círculo de interrelación entre el quehacer de las compañías SETF de Chile y el Gobierno Territorial”. Esta red de complicidades se completa con la gira del gobernador Pedro Godoy, ocultando “el proceder en San Sebastián por parte del jefe de policía y las acciones punitivas desde la estancia de José Menéndez” (N.I. Penazzo).
