a decisión del Gobierno nacional de disponer “el cese de los beneficios” de los que gozan en la actualidad las industrias textiles y confeccionistas, y habilitar a la Autoridad de Aplicación a disponer su extensión por períodos plurianuales, previa verificación del correcto cumplimiento de la Ley N° 19.640, y sus normas complementarias, por parte de las empresas beneficiarias, motivó que desde el Ejecutivo Fueguino se solicitará formalmente a la administración Fernández la revisión de esa medida.
Tras las reuniones mantenidas con representantes sindicales y empresariales de la industria textil, el Gobernador informó sobre el pedido elevado a Nación y señaló que “lo que queremos es establecer la misma cantidad de años y de la misma forma que el resto. Hay que ajustar algunas cuestiones para que todos tengan las mismas garantías, las tienen pero en períodos más cortos”.
Sostuvo que en las reuniones realizadas ayer “les llevamos la tranquilidad que tanto el Gobierno provincial como el Gobierno nacional defienden los puestos laborales”.
Melella planteó que “hay procesos productivos que tenemos que mejorar, pero el sector textil da trabajo a muchas familias de nuestra provincia y como Gobierno de la provincia estamos al lado de los y las trabajadoras, cada puesto laboral es muy importante, corrigiendo lo que haya que corregir, dándoles la misma garantía que al resto de los procesos productivos de la provincia”, y que por ello “hemos enviado una nota formal al jefe de Gabinete, Juan Manzur, para que se revise este punto del decreto que tiene que ver con la industria textil ”, y para que “se analice nuevamente la posibilidad de que la provincia participe de las decisiones del Fondo para la Ampliación de la Matriz Productiva Fueguina, creado a la par de la prórroga del subrégimen”.
Destacó también que el decreto 727/21, que dispuso la prórroga del subrégimen por 15 años, salvo para las textiles, “trae una gran posibilidad de exportación a terceros países y eso es muy bueno porque generaría más mano de obra por un lado y mayores divisas para el país y, por primera vez, un Fondo que tienen que aportar las empresas para nuevos emprendimientos productivos u obras de infraestructura”.
Por su parte, la Ministra de Producción y Ambiente que acompañó al Gobernador en las reuniones con sindicalistas y empresarios señaló que “se habló de la perspectiva y la mirada que tienen las empresas respecto de esto” y que tras el dictado del decreto “están muy preocupadas porque consideran, al igual que nosotros, que las características y la trayectoria de las empresas textiles en Tierra del Fuego no merecen un párrafo tan chico y un tratamiento diferencial respecto del subrégimen”.
Sonia Castiglione planteó que lo dispuesto por nación en el referido decreto “no era lo que veníamos trabajando con los equipos técnicos; íbamos por otro lado, revisando los procesos productivos y demás, así que seguramente pediremos generar alguna reunión también con autoridades nacionales para pedir un detalle y revisión de ese punto”.
Más allá del tema de las textiles, la funcionaria consideró que “lo importante es que el Gobierno nacional cumplió la palabra en sancionar esta prórroga. Generalmente se daba por diez años, esta vez es por 15. Esta es una norma que debe tener el rigor del control del cumplimiento de objetivos. Se tiene que apalancar el desarrollo del territorio con lo que tiene que ver con la actividad económica, y seguramente vamos a estar bien en quince años. Tenemos que cumplir objetivos y hacer las cosas bien. No tenemos que perder de vista esa condición que fue absolutamente distinta a lo que se planteó en otras prórrogas”, destacó.
En función de lo anunciado por el Gobierno Provincial, la solicitud elevada a Nación no planetaria preocupación ni cuestionamiento alguno a los alcances del artículo 12 del decreto 727, mediante el que se dejó “sin efecto los beneficios impositivos y aduaneros previstos en el Régimen Especial Fiscal y Aduanero de la Ley Nº 19.640 y sus normas complementarias, en materia de Impuesto al Valor Agregado, Impuestos Internos y aranceles a la importación, vinculados con la fabricación, distribución y/o comercialización” automóviles con valor FOB igual o superior a 35 mil dólares, motos, aeronaves y embarcaciones “en la medida en que gocen de un tratamiento tributario diferencial respecto del que pudieran revestir en el Territorio Continental de la Nación” y que establece también que “la Autoridad de Aplicación del presente régimen podrá, en lo sucesivo, incluir o excluir posiciones arancelarias del listado de los bienes referidos, siempre que se ajustaren a las condiciones dispuestas en el presente artículo”.
