lrededor de esta fecha, una integrante de la Armada uruguaya, “a bordo del buque ROU 04 en viaje a la Antártida”, sufre acoso sexual de parte de “uno de sus superiores”, quien “le reclamaba insistentemente que se acostara con él; ella se negaba y entonces era objeto de sanciones” (Diario El País. Montevideo, 2/6/2012).
La mujer denunció la situación, sin obtener respuestas satisfactorias; por el contrario, sufrió reiteradas represalias.
Al año siguiente, “a punto de zarpar en otro viaje, y al ver que nuevamente iba a estar bajo las órdenes del superior que la acosaba, tomó la decisión de abandonar el buque (...) la única forma que encontró fue ir al médico (…) La mujer se retiró del buque (...) Y no volvió”.
Por esta medida de elemental autoprotección, “fue puesta a disposición de la Justicia Militar, donde se le comunicó su procesamiento con prisión por ‘deserción simple y engaño al superior’, un fallo que después fue revocado por la propia Justicia Militar”.
No obstante, “la mujer estuvo presa durante 48 días y, según la defensa, las condiciones de su reclusión fueron, por lo menos, ‘precarias’. Compartía el baño con hombres y no había guardia femenina”, señaló su abogado.
“Los 48 días de prisión indebida los cumplió en una celda individual en la Unidad de Apoyo de Santa Catarina en el Cerro. Era la única mujer en dicho carcelaje. Las celdas eran prefabricadas, con camas de metal y las condiciones de higiene eran ‘deplorables’ (…) los testimonios de quienes fueron sus custodias durante la reclusión dan cuenta de la ‘angustia, depresión y ansiedad’ que le provocó a la mujer su ‘indebida prisión’. La historia clínica revela que posteriormente a recuperar su libertad, sus padecimientos sanitarios se mantuvieron: continuó con estados de angustia, ansiedad, llanto, tensión muscular, depresión, trastornos de sueño y pérdida de apetito”.
Finalmente, luego de tanto bregar en los tribunales, pudo obtener un resarcimiento: “El juez Adolfo Fernández De la Vega hizo lugar al reclamo sobre el daño y perjuicio moral que sufrió la militar, pero desestimó la denuncia sobre el acoso sexual. Fijó la suma de daño moral en $ 200.000 y también se le deberá abonar los salarios no percibidos (lucro cesante) desde el 12 de enero de 2007 hasta el 3 de junio de 2008”.
El abogado patrocinante apeló el fallo al considerar que la suma indemnizatoria que se había fijado fue "irrisoria".
