ste día, el Consejo de la Magistratura desestima una denuncia contra la jueza de Cámara Josefa Martín, acusada de copiar íntegramente el contenido de una sentencia elaborada por un colega suyo. El tratamiento del pedido de jury, solicitado por la Asociación Participación Ciudadana y el Colegio de Abogados de Río Grande, les insumió tan solo “dos minutos y veinticuatro segundos” a los siete consejeros. Ninguno “dio a conocer un solo fundamento que avalara esa intempestiva decisión. Por el contrario, el comportamiento de ellos revistió el carácter de ingenuo, para no hablar de serias sospechas de arbitrariedad o negligencia en el ejercicio de un cargo público” (Gabriel Ramonet. Justicia adicta).
El escándalo se había originado, el 26 de noviembre de 2001, cuando los camaristas Josefa Martín y Luis Felipe Ricca volcaron en una sentencia toda la argumentación utilizada dos años antes por los jueces Nebli Imperiale y María Rosa Ayala, hasta tal punto “que a simple vista podían señalarse más de cincuenta párrafos coincidentes entre los votos de cada uno de los jueces”. Ricca se había inspirado en Imperiale y Martín en Ayala, para una metodología sugestivamente idéntica.
El fallo condenaba al trabajador Bernardo Silenio Vargas, “un empleado del Hospital Regional Ushuaia, delegado de la Asociación Trabajadores del Estado, que en 1994 dio a conocer las irregularidades existentes en el sistema de tratamiento de residuos patológicos”, que estaban a cargo del propio Vargas y que debía realizar en condiciones de extrema precariedad.
“El 21 de junio de ese año. El trabajador fotografió varias bolsas con residuos que estaban depositadas en los pasillos del hospital. Al día siguiente tomó otras fotos donde se observaba que los bultos eran trasladados en una ambulancia fuera de servicio. Y el 4 de julio obtuvo imágenes de dos fetos tirados a la intemperie en el viejo basural de la ciudad”.
Vargas canalizó las fotos a través de ATE. Luego aparecieron publicadas en ‘El Sureño’ y en ‘Página 12’, “generando un escándalo de proporciones”. Por su divulgación, la Subsecretaría de Salud fueguina dispuso la cesantía de Vargas.
El fiscal de Estado, Virgilio Martínez de Sucre argumentó a favor de la sanción, dado que Vargas tenía “el riguroso deber de guardar discreción”, a pesar del riesgo que esa negligencia en el proceder de la institución implicaba para la población.
