or Comisión de delitos en el ejercicio de sus funciones y por mal desempeño fue solicitado el inicio del proceso de juicio político al intendente de Río Grande Martín Pérez, en el Concejo Deliberante de Río Grande, por lo cual ya se constituyeron las Salas Acusadoras y Juzgadoras para analizar si prospera la acusación en su contra.
El pedido se fundamenta en el hecho ilícito cometido por el ex director de Juventudes, César Segovia, quien hizo millonarias compras y gastos, a título personal, con el uso de una tarjeta corporativa que tenía bajo su responsabilidad el secretario de Gestión Ciudadana, Gonzalo Ferro.
Si bien el caso está en la esfera del Juzgado de Instrucción a cargo del juez Daniel Cesari Hernández; un vecino de Río Grande consideró que el caso debe ser analizado también en la esfera política, atento que se malversaron fondos públicos en una gestión de gobierno municipal. A su vez, entiende que el proceso no sólo debe involucrar al Intendente, sino también al Secretario responsable de la tarjeta y a quienes ejercen el control sobre la ejecución del presupuesto municipal.
El texto del pedido de juicio político, que ingresó el lunes 23 de mayo, es el siguiente:
1. Solicitar el inicio de juicio político al Intendente de la ciudad de Río Grande y a todo funcionario público municipal que tenga responsabilidad de control y manejo de los Fondos Públicos que ingresan a través de los contribuyentes.
2 Jefes de área de la contaduría del Municipio de Río Grande por la falta de control y balance de gastos de dicha institución.
3. Acusación del artículo 140 (Carta Orgánica Municipal). Comisión de delitos en el ejercicio de sus funciones.
4. Mal desempeño del cargo en el ejercicio de sus funciones.
Conformación de la Comisión Investigadora
Los integrantes de la Sala Acusadora integrada por los concejales Hugo Martínez, Pablo Llancapani, Cintia Susñar, Javier Calisaya, Walter Campos y Miriam Mora se reunieron para conformar la Comisión Investigadora, la que por sorteo quedó conformada de la siguiente manera: Presidente, Javier Calisaya; miembros, Walter Campos y Hugo Martínez.
Ahora, la Comisión Investigadora citará al denunciante para ratificar o ampliar su denuncia. Además tiene la facultad de disponer todas las medidas que considere convenientes y necesarias, contando con un plazo de 20 días hábiles para la producción de pruebas.
¿Investigación con final anunciado?
Conforme tomó estado público, el pasado 20 de mayo los ediles Martínez, Llancapani, Susñar y Abregú se reunieron con Gonzalo Ferro, funcionario municipal que está salpicado en la denuncia ya que es el único responsable de hacer uso de la tarjeta corporativa con la cual se concretó el desfalco al erario público.
Luego del encuentro, estos Concejales expresaron su respaldo a las medidas del Ejecutivo Municipal en constituirse como querellante en esta causa que investiga las compras indebidas, y destacaron la intención de que los fondos sean recuperados en su totalidad a la brevedad.
Tras el inicio del proceso de juicio político uno de los responsables de llevar adelante la investigación de lo ocurrido es Hugo Martínez y otros tres concejales Abregú, Llanacapani y Susñar, integran la Sala Acusadora.
