ste día, los guardaparques Bárbara Vareka y Velino Macaya descubren la tala ilegal de una gran cantidad de árboles en el Parque Nacional Tierra del Fuego.
“La investigación determinó que allí la empresa Patagonia Spirit S.A. buscaba abrir un camino para abastecer un emprendimiento turístico que instalarían en las costas del Canal del Beagle. (Horacio) Burgos fue el agrimensor; (Orlando Rubén) Mansilla Ruíz, el maestro mayor de obra y (Ricardo) Bianciotto el responsable de todos los trabajos, por eso los tres quedaron imputados por tentativa de usurpación y daño agravado, acusados de talar más de 200 árboles, 86 de ellos dentro del predio que desde 1960 está protegido y es de dominio público. Mientras que, Juan José Drago, propietario de Patagonia Spirit S.A., quedó sobreseído” (Infojus, 4/12/2015).
La Administración de Parques Nacionales logró llevar a juicio oral y público a los tres acusados. Así lo decidió la Sala 4 de la Cámara Federal de Casación Penal al revocar la ‘probation’ otorgada, en abril de 2015, por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal con sede en Ushuaia.
Finalmente, “el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur condenó el 9 de setiembre de 2016 a los tres imputados en el caso de tala ilegal en jurisdicción del Parque Nacional Tierra del Fuego” a penas de prisión por los delitos de “daño agravado y usurpación (...) Tanto el ingeniero civil Ricardo Bianciotto, como el agrimensor Horacio Burgos, recibieron una condena de 1 año y 3 meses de prisión, mientras que al maestro mayor de obras Orlando Rubén Mansilla Ruiz le aplicaron 1 año de prisión” (Argentina.gob.ar. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 9/9/2016).
“El veredicto dictado tras la Audiencia de Debate y Juicio determinó una condena ejemplificadora en cuanto al deber de cuidado y conservación del ambiente. La pena tiene una finalidad de prevención tanto general, al enviar un mensaje a la sociedad para que sepa que conductas como las llevadas a cabo por los autores son ilegales; como especial, orientada a educar a los sujetos que delinquieron para que no vuelvan a hacerlo”.
En el Parque Nacional Tierra del Fuego trabajan unos siete guardaparques que deben controlar 63 mil hectáreas, aunque sólo dos mil están destinadas al uso turístico. Esos límites fueron creados en 1966.