ste día, se difunde la nominación de María Rosa Inmaculada Ayala Flores para el máximo tribunal salteño. Ayala se desempeñaba entonces como miembro de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Tierra del Fuego y antes había estado al frente del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de Río Grande.
Tanto en su desempeño anterior en la justicia salteña como en su paso por el Poder Judicial fueguino (1994-2005) su labor mereció cuestionamientos y denuncias de vínculos con hechos de corrupción. No obstante, los políticos salteños hicieron caso omiso de ese historial. El “gobierno de Juan Carlos Romero propuso y consiguió sin mayores costos políticos, el acuerdo para sentar en el máximo tribunal de Justicia a una jueza involucrada, en 1988, en un sonado affaire entre el ex diputado provincial Emilio Cantarero y el entonces presidente de la Corte Provincial, Luis Saravia.
El nombre de María Rosa Ayala, por entonces secretaria letrada del titular de la Corte, apareció en escuchas telefónicas en las que los intereses de las empresas de la familia Romero, el poder político, y el Poder Judicial, se entrelazaban (…) En aquel momento Ayala fue suspendida y sumariada” (Eduardo Tagliaferro. Página 12, 13/6/2005).
El viejo dicho “soy de Salta y hago falta” también se había impuesto en el andamiaje que conformó la flamante justicia fueguina e incorporó a Ayala, quien recorrió 3.835 kilómetros para radicarse en Río Grande.
Desde sus primeros pasos estableció estrechos vínculos con el entonces intendente Jorge Colazo. Diego Yáñez, su esposo, fue funcionario municipal y luego lo acompañó en la Gobernación.
En 2002, una denuncia del empresario Daniel Armesto, que regenteaba los casinos electrónicos Magnum de Ushuaia y Río Grande, “la involucró en un supuesto pago de coimas destinadas a facilitar el cobro de un fallo favorable al hombre de negocios y en contra” del IPRA. “La denuncia (…) también señalaba al entonces gobernador Carlos Manfredotti, a su vice, Daniel Gallo, y al presidente del Instituto (…) Walter Agüero. La causa judicial (…) acreditó el pago de sobornos a un asesor letrado del Instituto de Apuestas, pero no así las de los otros funcionarios públicos, incluida la jueza Ayala, ya que a decir de la magistrada interviniente en el caso, el denunciante destruyó una servilleta en la que habría estado detallado el reparto del dinero” (op.cit.).
