l juez Javier De Gamas Soler dispuso procesar a Marcelo Arturo Fernando Sánchez domiciliado en Buenos Aires por el delito de asociación ilícita en concurso ideal con el delito de defraudación. El sujeto se presentó a fines de junio en tres domicilios de Río Grande y uno en Ushuaia haciéndose pasar como cadete bancario y despojó a cuatro ancianas de un total de 30 mil dólares y poco más de 150 mil pesos en efectivo.
La justicia busca a dos sujetos más: uno que hacía los llamados telefónicos a los números fijos de las víctimas haciéndose pasar por nietos de las víctimas; y un contador que falsificó un documento apócrifo para que Sánchez pudiese salir del aeropuerto con esa cantidad de dinero en efectivo.
Además del procesamiento, De Gamas Soler trabó embargo sobre los bienes de Sánchez en dinero o bienes de su propiedad hasta cubrir la suma de $5.252.000 y le dictó la prisión preventiva.
“No hay duda alguna a esta altura de la conformación de una asociación entre los 3 indicados y que su actividad tenía una genérica actividad ilícita con pleno conocimiento del accionar que desplegaban y con la voluntad de cometer cualquier otro delito que resultará necesario para alcanzar su espuria finalidad en este caso de índole económica”, señaló el magistrado en su resolución.
Además, detalló que “la organización integrada por Sánchez en forma coordinada desplegó tareas técnicas para establecer contacto telefónico con un segmento determinado de víctimas de edad avanzada a través de líneas de teléfono fijo. Montó diversos engaños a partir del cual se hacían pasar por familiares de las víctimas (nietos) y propiciaban la inestabilidad económica del país para manifestar que debían entregar todo el dinero en moneda extranjera y nacional porque perdería valor y que debían hacerlo pronto; y entregarlo a un cadete del Banco que se presentaría en su domicilio desapoderando a las personas de sus bienes”, explica el fallo.
Cabe señalar que en el diálogo telefónico les manifestaban a las ancianas que se iban a dar corridas bancarias, instauración del corralito producto de los altos índices de inflación y que debían entregar el dinero de sus ahorros a un enviado del banco para evitar perjuicios económicos futuros.
En ese sentido el juez sostuvo que “no puede perderse de vista que una organización que con argucia ataca a un sector vulnerable de la población propiciando las circunstancias de inestabilidad socioeconómicas que imperan, afecta sin ninguna duda a la tranquilidad pública. Su existencia pone en riesgo a la sociedad toda y especialmente a los ancianos más vulnerables, incapaces de percibir el engaño. Pues actúan confiando en el supuesto familiar directo que los contactan con el único objeto de intentar resguardar sus ahorros ante la amenaza de perderlos por fenómenos económicos que, no es ocioso reiterar, ya han ocurrido en el pasado; y ellas, las víctimas, han observado a lo largo de su vida en este país”.
