ste día, el juez de Punta Arenas, Waldo Seguel, ordena “aprehender al reo Fortunato Beban a través de un allanamiento a su habitación. Pero esta práctica no arrojó resultados y las diligencias no pudieron ser ejecutadas ya que el reo no se encontraba en territorio chileno” (Ljuba Boric Bargetto. Redes de infra-comercio, estrategias de promoción social y discursos judiciales).
La causa se había originado, a comienzos de 1899, en “una querella de restablecimiento interpuesta por Greste Grandi (…) debido a una ocupación indebida y violenta en una estancia en la isla Navarino”.
La defensa de Beban manifestó “ante el tribunal que la honorabilidad de Fortunato Beban era reconocida por el público y notoria en toda la colonia, por ello pidió la absolución de todos los cargos que en él recaían en este confuso hecho”.
El juez convocó a varios testigos que aportaron un buen concepto del acusado. Máximo Gilli manifestó que “Beban era una persona de reconocida honorabilidad y de buena conducta, y que también éste gozaba de prestigio en el comercio teniendo crédito subido en muchas casas comerciales de Punta Arenas. Los testigos F. Meidell, Luis Schroeder y José Pasinovich argumentaron frente al tribunal, la honorabilidad y buena conducta del viejo león de mar”.
Pasinovich y Gilli dijeron, en su calidad de fiadores del reo, que “no pudieron presentarlo en el término que el juzgado había prescrito, por cuanto este se hallaba en las islas australes y no podría llegar hasta dentro de dos meses”. Así, pidieron que la sentencia de cuatrocientos días de prisión sea conmutada por una multa.
En setiembre de 1900, varios comerciantes presentaron una declaración conjunta, sosteniendo “que la conducta anterior de Don Fortunato Beban ha sido mal interpretada en el juzgado de letras en el proceso que se le sigue como encubridor” de un hurto “el año pasado, les consta que Beban pagó a buen precio las mercaderías que le compró a Spanich, compra que ha motivado este proceso”. Esto fue enviado al tribunal pidiendo la absolución de Beban. Pero en noviembre, en la corte de apelaciones de Valparaíso se notificó que Beban no había comparecido ante el tribunal, por lo que se encontraba “en condición de rebeldía”.
El tribunal del crimen, en abril de 1902, decidió conmutar en cien pesos de multa la pena de presidio impuesta a Beban. Al cancelar ese importe el caso concluyó.
