ste día, el ministro de Bienes Nacionales de Chile, Víctor Osorio, firma el decreto de creación del Parque Nacional Yendegaia, en la zona lindante de la Tierra del Fuego argentina. Previamente se había convalidado la donación al Estado chileno de la Fundación Yendegaia de 38 mil hectáreas -tasadas en tres millones y medio de dólares- para la constitución de ese parque, al que se le añadieron 111.832,19 hectáreas de tierras fiscales.
El acto de traspaso se llevó a cabo en la Intendencia Regional en Punta Arenas, con la presencia de funcionarios nacionales de medio ambiente, turismo y agricultura, y autoridades locales. También participaron los representantes de la fundación y su fundador el norteamericano Douglas Tompkins.
El flamante parque nacional, con sus nuevas 150 mil hectáreas y los nuevos deslindes, se integrará al área del Servicio Nacional de la Biodiversidad, cuya creación está en proceso de tramitación legislativa.
“Este es un hecho de envergadura histórica”, expresó Osorio tras la rúbrica del contrato, señalando que al dar este paso se está haciendo una contribución muy significativa para incrementar el patrimonio fiscal y contribuir al desarrollo sustentable, “lo que representará una contribución significativa para Magallanes, para el conjunto del país y la humanidad” (El Dínamo, 9/9/2014).
Indicó asimismo que la creación del Parque “permitirá proteger efectivamente un 13,9% del ecosistema andino en Magallanes, lo que eleva a un 55,6% este tipo conservación a nivel nacional”.
El Parque Nacional Yendegaia “se caracteriza por contener uno de los ecosistemas forestales más australes del planeta, en tanto que su bosque templado no fragmentado, es uno de los pocos existentes” y “una de las áreas silvestres más prístinas del mundo, incluyendo no sólo bosques sino también formaciones de tundra, glaciares y ecosistemas dulceacuícolas únicos; elementos que le otorgan una importancia biogeográficas que hace pertinente su conservación tanto desde la mirada regional como desde la nacional”.
También favorecerá “la protección de especies clasificadas en estado de conservación (la nutria de río o huillín y el canquén colorado) y una en vulnerable (el zorro culpeo de Tierra del Fuego)”.
Esta medida no estuvo exenta de polémicas. Se denunció la ausencia de un informe sobre cursos de aguas y que la fundación propició la matanza de caballos salvajes.
