n una extensa sesión, plagada de cuartos intermedios, la Legislatura aprobó ayer, por unanimidad, 17 proyectos de ley y una importante cantidad de declaraciones de interés provinciales y de reconocimientos, además ratificó 18 convenios suscriptos con distintos organismos nacionales.
Entre las normas sancionadas que integraban el orden del día, se cuentan el Plan de Protección Integral a Pacientes Oncológicos Infanto – Juvenil, la Red Provincial de Prevención de Accidentes Cerebro Vasculares, el Colegio de Instrumentadores Quirúrgicos, las que regulan el ejercicio profesional de los trabajadores de la Psicología Social y el de los técnicos en emergencias médicas y la que exime del pago de los impuestos sobre Ingresos Brutos y Sellos todos los actos vinculados con la constitución del Fideicomiso para el Desarrollo Austral y los contratos de obra pública a financiar con recursos provenientes del FIDA. También se dio el visto bueno al endeudamiento por 127 millones de pesos para capitalizar al Fondo de Garantías para el Desarrollo Fueguino, el que transfiere sin cargo a la Prefectura Ushuaia un terreno ubicado en la zona de Almanza, al que estableció al 1 de septiembre como día de la poesía fueguina, y la que equiparó en rango y remuneración a los presidentes de los organismos autárquicos y descentralizados. En tanto que con modificaciones respecto del proyecto original se avaló una reforma a la ley de Ministerios para crear el cargo de Viceministro de Jefatura de Gabinete, y darle a las Secretarías de Enlace con las Fuerza de Seguridad y la de Hidrocarburos, rango de Secretarias de Estado.
Ninguno de esos proyectos generó debate alguno, aun cuando algunos de ellos no habían sido analizados previamente en comisión.
Fortalecimiento y emergencia
Distinta fue la situación que se vivió al momento de dar tratamiento al proyecto de Fortalecimiento en Infraestructura Educativa que se incorporó sobre tablas al Orden del Día a pedido del oficialismo.
La iniciativa presentada por el Ejecutivo sufrió profundos cambios, ya que los Legisladores resolvieron declarara por 1 año la emergencia de infraestructura en todas las escuelas públicas. En ese marco se creó el Programa de Fortalecimiento en Infraestructura Educativa, al que se afectaron 7 mil millones de pesos, 2 mil millones menos que los planteados por el Gobierno. A la reducción del monto se sumó también la negativa a autorizar el endeudamiento solicitado, ya que se habilitó a que pueda disponer de hasta 2 mil millones de pesos provenientes de las colocaciones financieras realizadas con los dólares obtenidos por la colocación del bono TFU 2027, y que los 5 mil millones restantes tengan que ser recursos propios. También se eliminó la ampliación de los montos para contrataciones directas.
Pero más allá de los cambios introducidos, el tratamiento del proyecto sirvió para que tanto el legislador Villegas (MPF) como la legisladora Vuoto (P Verde), que votaron favorablemente, plantearan cuestionamientos a la gestión gubernamental.
Villegas fue contundente al sostener que el proyecto no era más que un abierto reconocimiento que en los 2 años anteriores algo falló, “que nos da la razón cuando decíamos que las cosas no se estaban haciendo bien”. “El proyecto deja al desnudo un severo problema de gestión por parte del gobierno, porque los colegios no estuvieron en las condiciones en que deberían haber estado” afirmó, y pidió que “aquellos que se enojan cuando uno pone una voz crítica, tengan la humildad de reconocer que se venía gestionando mal, y no sólo en la cuestión educativa”. En términos similares se manifestó Victoria Vuoto. Desde el oficialismo fue Federico Greve quien intentó una defensa de la gestión gubernamental. Sostuvo que para “el Gobierno la educación es una prioridad, de allí todo lo que se hizo para mejorar la situación de los docentes”, a la vez que indició que la iniciativa propuesta “no viene a ser simplemente un mantenimiento edilicio, sino una mejora de fondo en materia de infraestructura escolar”.
